Mejorar el sistema de financiación de los partidos políticos es proteger también la democracia

La portavoz adjunta del Grupo Popular en la Comisión Constitucional del Congreso, Pilar Cortés, avaló hoy la "hoja de ruta" puesta en marcha por el Gobierno para mejorar la calidad democrática y, en este contexto, destacó que mejorando y perfeccionando el sistema de financiación de los partidos políticos se protege también la democracia.

En su intervención en el Pleno, la parlamentaria popular defendió las medidas "de primer orden" adoptadas por el Ejecutivo en su doble tarea de regeneración democrática y de recuperación económica para poner fin a la desconfianza ciudadana y, en lo referente al primero de los dos objetivos, para que retorne la confianza de la sociedad en sus instituciones, en los partidos políticos y en sus representantes.

Cortés citó la Ley Orgánica de reforma de la Ley de partidos políticos, la recién aprobada Ley de Transparencia que incluye a estos en su ámbito de aplicación y mencionó, en tercer lugar, el Plan Nacional de Regeneración Democrática para "perfeccionar la respuesta del Estado de Derecho frente a la corrupción y los corruptos" y que da acogida a medidas preventivas y a otras que "cierran los espacios a la impunidad".

Este Plan, que consta de 40 medidas y está abierto al consenso de todas las fuerzas políticas, se asienta sobre tres pilares. En primer lugar, el de someter a los partidos políticos, fundaciones y asociaciones vinculadas a un mayor control y a más amplias exigencias de transparencia, reforzando a su vez los mecanismos del Tribunal de Cuentas (TdC) de un modo más eficaz.

En segundo lugar, y a través de una ley reguladora del ejercicio del cargo público de la Administración del Estado, se establecerán las obligaciones y derechos de los cargos electos definiendo explícitamente este concepto. En último lugar, y a través de medidas penales y procesales, se crearán nuevos delitos relacionados con la financiación de los partidos, entre los cuales figurará por primera vez el delito de financiación ilegal, y se reforzará el marco penal para los delitos asociados a la corrupción, tales como la prevaricación, el cohecho o el tráfico de influencias.

La parlamentaria popular recalcó que tanto su grupo como el Gobierno "han puesto una silla para cada una de las fuerzas políticas" para lograr un consenso y sacar adelante un Plan de Regeneración que contempla reformas que obedecen "a una necesidad social, moral y democrática, pues perfeccionar y dotar de mejores herramientas a nuestro Estado de Derecho es la mejor forma de proteger la democracia".

La idea es contribuir a un sistema democrático, explicó, que sea "fuerte, estable, seguro, limpio", y para ello el mejor camino es ser "firmes y contundentes en la regulación y en las sanciones penales y políticas", lo que implica a su vez la mejora y el perfeccionamiento del sistema de financiación de partidos políticos, pues es "absolutamente imposible e impensable que un sistema democrático funcione sin ellos".

Por ello, Cortés destacó que el Estado debe tener como prioridad garantizar la existencia de los partidos respetando su libertad de creación y actuación y garantizando, de igual modo, su subsistencia, con un sistema mixto de financiación pública y privada en el caso español, ya que las funciones que cumplen los partidos políticos "no pueden ser cumplidas por ninguna institución ni por ninguna otra organización".

A raíz de una iniciativa socialista para modificar la Ley de financiación de partidos políticos, la parlamentaria popular afeó al PSOE que la haya presentado "de manera unilateral, sin formar parte de ningún plan o programa serio de reforma, con deficiencias técnicas y sin referencias a la reforma de 2012", que recogía avances tales como la prohibición de donaciones finalistas o revocables, la obligatoriedad de notificar al TdC las donaciones inmuebles y las superiores a 50.000 euros o la obligación de que los partidos políticos hagan pública su cuenta de resultados.

Cortés lamentó así que los socialistas contemplen prohibiciones en su iniciativa que ya están previstas en el Código Penal como delitos. Por ello, les instó a ser "más coherentes y responsables" apoyando un programa completo de medidas y reformas en lugar de hacer propuestas "aisladas e incompletas" que no hacen más que "aumentar la dispersión y la inseguridad jurídica".