El portavoz de Interior del GPP recuerda que “el Gobierno habló de indultos a los golpistas catalanes, retiró una Ley de abusos policiales, trasladaron a los presos golpistas a Cataluña permitiéndoles un trato de favor y ha permitido la compra de armas de guerra al Gobierno de Cataluña”
El portavoz de Interior del GPP, José Alberto Martín-Toledano, ha afirmado que “Sánchez se ha dedicado durante estos meses de Gobierno a pagar los apoyos que recibió en su moción de censura de los que quieren destruir la Constitución y romper España”.
En este sentido, ha recordado que “Sánchez calificó a Torra como el Le Pen español antes de ser presidente, pero luego su Gobierno habló de indultos para los golpistas, han trasladado los golpistas a las cárceles catalanas, han consentido un trato de favor a los golpistas catalanes en las prisiones catalanas, y han autorizado la compra de 600 armas de guerra por parte del Gobierno de Cataluña”.
También, ha añadido, “el PSOE se fotografió con Otegi, acercaron presos de ETA sin cumplir ninguna de las reglas del proceso Nanclares, ha negociado el traspaso de prisiones al Gobierno vasco”, por lo que le ha acusado de mentir y engañar a las víctimas del terrorismo.
Durante la comparecencia del ministro Marlaska en la Comisión de Interior del Congreso, José Alberto Martín-Toledano ha reprochado al Gobierno que “esté maltratando a la Policía Nacional y la Guardia Civil porque no esta implementando la segunda fase para la equiparación salarial que el Gobierno del PP dejó aprobada”.
“Lo están paralizando”, ha acusado el portavoz popular al Gobierno, quien ha subrayado que el Ejecutivo esta incumpliendo el acuerdo firmado por el Ejecutivo del PP.
También, ha añadido, “ha mentido a los funcionarios de prisiones cuando dijo que aumentaría sus retribuciones y mejoraría sus condiciones laborales, pero no han hecho nada”.
Para el portavoz popular, “España tiene una deuda con los funcionarios de prisiones y si el PP vuelve a gobernar lo saldará”. Así, ha avanzado que “cuando el PP regrese a La Moncloa mejorarán las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones, aumentará la plantilla y mejorará su prestigio al convertirles en agentes de autoridad”.