María Jesús Moro: “La ausencia de plazos en el proceso judicial, como quiere el Gobierno, perjudica al inocente y beneficia al culpable”

• La diputada del GPP señala que “la pérdida de objetividad en la delimitación de la duración de la instrucción será difícil que lo entiendan los ciudadanos cuando sufran dilaciones indebidas y pregunten quienes fueron los responsables. Ese día recordarán que abandonaron la opción de legislar en beneficio de los españoles por arañar un titular o un voto”.

• Destaca la enmienda del PP que “responde coherentemente a la convicción de que no cabe en 2020 defender una instrucción penal indefinida en el tiempo, sin plazos”.

• Lamenta que el PSOE acceda a la reclamación de Podemos de acabar con los plazos de instrucción judicial porque “hieren de muerte la propuesta de nueva ley de enjuiciamiento criminal y supone que el proceso penal permita una especie de investigación prospectiva”.

• Señala que “Ciudadanos y VOX presentan propuestas casi idénticas de indefinición absoluta que consolidan una propuesta de plazos ilimitados”.

• Pide al PSOE y a sus socios que pregunten al diputado Baldoví qué se siente cuando una investigación, como la que ha sufrido, se prolonga en el tiempo señalándole, y que finalmente se ha levantado sin procesamiento, pero con un plazo muy largo para quien como él no es culpable.

• “La enmienda a la totalidad del GPP persigue ofrecer mejoras siguiendo las líneas marcadas por quienes han aportado críticas constructivas a este asunto, desde la práctica, y que aún podría definirse mejor con sus aportaciones”, afirma.

• Recuerda que en la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2019 afirma que es necesario agilizar las investigaciones penales y propone un nuevo modelo de control de plazos que consiste en la fijación de un plazo inicial, la posibilidad de una prórroga, el establecimiento de los criterios para el cómputo de los plazos y la fijación de un límite máximo para la instrucción. Es decir, la misma arquitectura del actual artículo 324 de la Ley de Enjuicimianto Criminal.

• “La inseguridad jurídica no la genera la actual redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la inseguridad jurídica y la desconfianza las genera que Dolores Delgado sea hoy la Fiscal General del Estado y que haya querido hacer en su puesto lo que no hizo desde el Gobierno”, asevera.