En 1983, las Naciones Unidas declararon el 15 de marzo como el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
En España, los derechos de los consumidores y usuarios vienen recogidos en la Constitución dentro de los principios rectores de la política social y económica, como principio básico que obliga al Estado a asegurar a los ciudadanos sus derechos y libertades en este ámbito.
En los últimos años, las consultas y reclamaciones atendidas por las asociaciones de consumidores en el ámbito nacional descendieron con respecto a las registradas en años anteriores, siendo los servicios financieros y telefonía, los sectores que suscitan más quejas y dudas entre los ciudadanos.
En 2014 se alcanzó, según los últimos datos a nivel nacional, la cifra de 1,1 millones (1.095.259), situándose en una media de 3.001 consultas o reclamaciones diarias.
Al mismo tiempo, han ido aumentando progresivamente las consultas y solicitudes de asesoramiento frente a las reclamaciones directas. Ello supone una labor más eficaz de las organizaciones de consumidores desde el punto de vista preventivo y de una mejor información.
El Gobierno del Partido Popular, con el fin de atenuar la difícil situación de familias y empresas, ha puesto en marcha diferentes medidas y cambios normativos que reafirman su compromiso con la defensa de los consumidores y usuarios.
Entre ellas se encuentran el R.D. Ley de Segunda Oportunidad para ayudar a Pymes y Autónomos, el bono social en materia de pobreza energética, mayores facultades a los fiscales en la defensa de los consumidores o un nuevo marco legal para que miles de ahorradores hayan podido recuperar sus inversiones.
También la reforma de la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, así como la creación de la AECOSAN (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición).
Por todo ello, en el Día Mundial del Consumidor, desde el Partido Popular queremos:
Finalmente, desde la Secretaría Nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular, reconocemos la importante labor de las asociaciones de consumidores y usuarios. Creemos en su necesaria implicación, para que las medidas que se adopten desde las diferentes Administraciones gocen de la mayor participación y consenso posible de la sociedad civil, con el fin de que la protección a los consumidores sea eficaz. Ello redundará en beneficio de todos.