Luis Peral ha preguntado por las previsiones del Ministerio de Asuntos Exteriores en orden a elevar una protesta oficial al Gobierno de Venezuela, ante las manifestaciones de Cubillas ofendiendo a las víctimas del terrorismo de ETA.
Además, Peral ha denunciado la "tolerancia y blandura" del Ejecutivo español con los desacatos de las autoridades venezolanas a los autos de la justicia española. Así, ha recordado el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en marzo de 2010, donde detallaba las relaciones entre las FARC y ETA, con la tolerancia y el apoyo del Gobierno de Venezuela.
Asimismo, el portavoz de Interior del PP ha afirmado que la república bolivariana "no ha hecho nada" ante la orden internacional de detención de Arturo Cubillas, dictada por la Audiencia Nacional en marzo de 2010, y ha criticado las declaraciones que realizó en su día el embajador de Venezuela en nuestro país, quién insinuó posibles torturas a los etarras que implicaron a Arturo Cubillas con la banda terrorista.
En su opinión, "con cualquier otro Gobierno o en otro país de la Unión Europea, el embajador de Venezuela hubiera sido declarado hace tiempo persona non grata y se le hubiera retirado el placet, llamando a consultas al embajador de España en Venezuela", tal y como ya pidió el senador del Grupo Popular, Dionisio García-Carnero, al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en el pleno celebrado en la Cámara Alta el 5 de octubre de 2010.
Durante su intervención en la Comisión, Luis Peral ha señalado que los distintos autos dictados por la justicia española ponen de manifiesto que las actividades conjuntas ETA-FARC comenzaron en 1999, año en que la banda etarra desarrolló el mortero Jotake-Handia, utilizado en el atentado contra el cuartel del Ejército de Aizoain (Navarra) en octubre de 2003.
Según el auto del juez Velasco, los terroristas de ETA y las FARC se instruyeron en la fabricación de coches bomba, en el uso de misiles tierra-aire y en la activación de bombas con teléfonos móviles. Además, en el año 2003, según recoge el auto, la selva venezolana se convirtió en el gran santuario de ambas bandas terroristas.
Ante todas estas evidencias, el portavoz de Interior del Grupo Popular ha reclamado al Gobierno de Rodríguez-Zapatero una mayor diligencia en la extradición del etarra Arturo Cubillas y ha afirmado que este asunto "debe ser una prioridad en las relaciones entre España y Venezuela".
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