La Ley de Voluntariado consolidará el crecimiento y fortalecerá el estado del bienestar

El portavoz de Cooperación del Grupo Popular en el Congreso, Juan Carlos Grau, afirmó hoy que "el Proyecto de Ley de Voluntariado se enmarca dentro de la ambiciosa agenda social emprendida por el Gobierno, y que pretende, a través de diversos instrumentos, consolidar el crecimiento económico y fortalecer el estado del bienestar", además de "dotar de estabilidad y reconocimiento la acción voluntaria".

En este sentido, destacó entre dichos instrumentos la Estrategia de Juventud 2020, el Plan de Acción sobre la Estrategia Española de Discapacidad, el Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social o el próximo Plan Integral de Apoyo a la Familia.

En su intervención en el debate de totalidad de la norma, en el que el Grupo Popular rechazó las enmiendas de totalidad presentadas por distintos grupos, Grau aseguró que la norma "es un ejemplo de coordinación y modernización, porque además de delimitar con más claridad los márgenes competenciales de las administraciones públicas, atiende a los cambios producidos desde la promulgación de la Ley vigente en 1996 a través de una redacción moderna".

Asimismo, el portavoz popular señaló que en este Proyecto de Ley "se define el concepto de voluntariado en positivo, se establece el régimen jurídico de las personas voluntarias y de las entidades de voluntariado y se incluyen los valores y principios que fundamentan la acción voluntaria".

"Además, -añadió- se regula el voluntariado en todos los ámbitos, se fomenta y reconoce la acción voluntaria dando entrada a nuevos actores como empresas y universidades y se introducen determinadas restricciones a la participación voluntaria".

Así, explicó que "se limita la acción voluntaria a personas condenadas en sentencia firme por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación de menores y también a aquellas con antecedentes por delitos de violencia de género o doméstica y a las condenadas por tráfico ilegal de personas y/o terrorismo".

SIN INJERENCIAS COMPETENCIALES

Por otra parte, Juan Carlos Grau negó que con la norma se vulneren las competencias de las CCAA "porque el Proyecto de Ley de Voluntariado se ha elaborado teniendo en cuenta no sólo la opinión de las Comunidades Autónomas, la FEMP, departamentos interministeriales, órganos consultivos y expertos en la materia, sino también la de las Entidades Sociales y las personas voluntarias, actores principales de la misma y desde un pulcro respeto competencial".

"La Ley se aplicará sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas y, además, la nueva redacción del artículo 2 pretende adecuarse a la doctrina del Alto tribunal y debe leerse e interpretarse conjuntamente con la Disposición Adicional primera y los artículos 17 apartado 2 y 18 apartado 1", subrayó Grau, quien confió en que en el trámite parlamentario se mantenga "el espíritu de diálogo y consenso" con el que nació la norma.

Grau también señaló que la Ley de Voluntariado "trata de dar respuesta a los seis millones de españoles voluntarios" y es "acorde a la realidad social actual, encaminada a la promoción del interés general, el bien común, el despliegue solidario de las capacidades humanas, la construcción de la equidad, la justicia y la cohesión social".

"Una nueva ley –dijo- para el refuerzo de la participación social y el impulso de iniciativas solidarias también entre los más pequeños, los mayores y las personas con discapacidad".

Por último, el portavoz del PP indicó que la nueva Ley "está abierta a la promoción del voluntariado también desde la empresa, la administración y la universidad y con una regulación estatal respetuosa con los ámbitos competenciales de las administraciones públicas, que promueve la colaboración con el Tercer Sector para fomentar la acción solidaria y buscar el mayor compromiso de las administraciones".