La Ley de Evaluación Ambiental pretende acabar con la inseguridad jurídica

El diputado del Grupo Popular, Manuel Torres afirmó hoy que el objetivo central de esta Ley pretende acabar con la inseguridad jurídica a la que tienen que hacer frente los inversores cuando deciden plantearse una instalación, obra o actividad en nuestro país, en el trámite de la evaluación ambiental vigente".

Para Torres "esa inseguridad jurídica deviene, principalmente, de los largos plazos para la ejecución y puesta en marcha de sus iniciativas, cuestión clave para la decisión de las inversiones, temerosas de retrasos que suelen dar al traste con la garantía para dichas inversiones". Así, recordó que existen en España más de 10.000 actuaciones pendientes de Autorización Ambiental.

Por ello, subrayó el diputado del PP hay "centenares de millones de euros que no pueden entrar en escena debido a procedimientos excesivamente largos". "Desarrollo que tiene tres ámbitos: económico, social y ambiental", añadió.

Así, insistió Manuel Torres "queda reglamentada su falta de respuesta, y los plazos en los que pueden intervenir todos cuantos se entiendan afectados por la planificación o por el proyecto".

El Portavoz Popular remarcó que "aunque la situación en España ha sido difícil, ahora los datos y la propia opinión de las entidades económicas internacionales no son las mismas que hace dos años".

En este sentido, advirtió Torres que "es mucho lo que queda por hacer para que los buenos datos macroeconómicos se traduzcan en bienestar para todos".

Objetivos de la Ley de Evaluación Ambiental 
Durante el debate de la Ley de Evaluación Ambiental, Torres declaró que "esta Ley apuesta claramente por el desarrollo atendiendo en todas las fases a la conservación del medio como Legislación Básica" aseguró el diputado del PP, quien señaló que "debemos felicitarnos por la apertura formal de una vía para el entendimiento y la coordinación con y entre las Comunidades Autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente".

También, recordó el dirigente popular "se regula, por fin, la merecida consideración de los espacios de la Red Natura 2000 que puedan resultar afectados por planes, programas o Proyectos".

En opinión de Torres "este nuevo proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, sin salirse un ápice de su marco preventivo, tiene como objetivos: garantizar la máxima protección ambiental, dando un nuevo impulso al desarrollo sostenible; simplificando y agilizando la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos".

También, añadió "creando un marco para que la legislación en materia de evaluación ambiental sea homogénea en todo el territorio nacional; garantizando la participación ciudadana en estos procedimientos, en los que se analiza el impacto medio ambiental de los planes, programas y proyectos".

Además, apuntó el diputado popular "exigiendo por primera vez que los proyectos de fracking se sometan a una evaluación de impacto ambiental y se tome en consideración el cambio climático en las evaluaciones ambientales; modificando la ley de patrimonio natural y de biodiversidad para sancionar el bunkering mediante fondeo permanente de buques-tanque y los rellenos no permitidos".

Y, finalmente, "reforzando la regulación para asegurar que se analicen y cuantifiquen los efectos de algunos proyectos que puedan afectar al subsuelo como es el caso de los estudios sísmicos", indicó Torres.

El dirigente del PP señaló que las enmiendas incorporadas en el Senado "son de carácter técnico, que pretenden dar garantía de claridad al texto, así como una serie de correcciones técnicas, cuyo fin ha sido subsanar errores terminológicos y gramaticales que no alteran el sentido del texto".

Bancos de conservación de la naturaleza 
Respecto a este asunto, en opinión de Manuel Torres "algunos han entendido la creación de los bancos de conservación de la naturaleza como una amenaza", en este sentido recordó a los socialistas que "lo que ahora critican se encuentra recogido en su programa electoral".

Para el diputado del PP "estamos ante una magnífica oportunidad para establecer cauces de una extraordinaria significación para la restauración y mejora ambiental de nuestro país, permitiendo la colaboración público - privada, e interviniendo allí donde más necesario sea en cada caso".

Esta Ley aporta estabilidad trasvase Tajo-Segura 
El dirigente popular destacó que este Proyecto de Ley aporta, finalmente, "estabilidad al trasvase Tajo-Segura, que tendrá rango de ley al incorporarse en este Proyecto de Ley, donde se plasman los contenidos esenciales del acuerdo, en lo que se refiere a las garantías de las cuencas cedentes, la eliminación de las discrecionalidades y arbitrariedades en las actuaciones en las cuencas receptoras".

A su juicio, plasma "una política seria y responsable del actual Gobierno del PP en materia de aguas, con medidas que puedan garantizar la sostenibilidad del sistema, con el acuerdo entre las partes y apostando por la complementariedad de las fuentes de abastecimiento en lugar de la exclusión".

Canarias
El diputado popular por Tenerife acusó al Gobierno de su Comunidad Autónoma de tener "una actitud caprichosa y obstruccionista a las Prospecciones Petrolíferas en nuestras Aguas, con la posibilidad de obtener recursos naturales de un valor incuestionable". Una explotación que se realizaría con las máximas garantías de protección ambiental, que son las que se persiguen con la aplicación de esta Ley", aseveró Torres.