La Ley para la defensa de la calidad alimentaria establece los controles y garantías a los alimentos claves para la confianza del consumidor

La confianza del consumidor en la calidad del alimento es la clave del éxito de nuestros productos en los mercados nacionales e internacionales

Esta norma responde a las demandas de los consumidores, operadores del sector de la alimentación y la Unión Europea.

El portavoz de Agricultura del Grupo Popular, José Cruz Pérez Lapazarán, aseguró que “el Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria viene a cubrir con una norma básica la necesidad de establecer una serie de garantías y de control sobre productos alimentarios para la defensa de su calidad”.

“Estas garantías –señaló- son la base de la producción agroalimentaria de nuestro país, ya que traslada confianza al consumidor sobre el alimento y esta confianza y la calidad misma del producto son la clave del éxito de nuestros productos en los mercados nacionales e internacionales”.

Durante el debate de totalidad de esta iniciativa legislativa en el Pleno del Congreso, el portavoz popular indicó que “esta norma da respuesta a la petición de operadores del sector de alimentación y bebidas, de los consumidores y de la Unión Europea”.

“Con este Proyecto de Ley –afirmó- se pretende dar respuesta al vacío legal que existe y que se nos venía exigiendo desde la UE para armonizar el amplio conjunto de normas en materia de control oficial sobre los alimentos”.

También, contó que “los operadores del sector de alimentación y bebidas nos piden esta Ley como consecuencia de que perciben fragmentación de la unidad de mercado y esto les afecta muy negativamente”.  

Según explicó el portavoz popular, “los empresarios piden esta norma porque ven disfunciones muy graves en cuanto a la aplicación del control oficial y del régimen sancionador a las empresas alimentarias en función de en qué Comunidad Autónoma estén ubicadas”.

“Es responsabilidad de los poderes públicos abordar esta situación y resolverla para que las empresas puedan operar en igualdad de condiciones en todos el país”, remarcó Pérez Lapazarán, al tiempo que aseguró que “esta norma también es una reclamación de los propios consumidores para garantizar que los productos pasen los mismos controles de calidad en cualquier CCAA”.

ENMIENDAS

Respecto a las enmiendas a la totalidad presentadas por PNV y CiU, el portavoz popular afirmó que “el Proyecto de Ley contiene un mínimo común normativo que tiene pleno encaje como normativa básica según el artículo 149.1 de la Constitución y que actualiza lo que ya tenemos en esta materia y lo acomoda a la normativa comunitaria, por lo que el texto encaja perfectamente en nuestra Constitución y no invade competencias”.

Sobre la enmienda de ERC referente a la regulación del desperdicio alimentario, Pérez Lapazarán subrayó que “desde el comienzo de la legislatura la reducción del desperdicio alimentario ha sido una preocupación de este Gobierno”.

En este sentido, recordó que “el Ministerio aprobó en el año 2013 la Estrategia más alimento, menos desperdicio, con el objetivo de reducir las pérdidas y el desperdicio alimentario”.

“Esta estrategia –señaló- está organizada en cinco líneas de actuación: la generación de conocimiento e información sobre el problema, la sensibilización y el establecimiento de buenas prácticas, los aspectos normativos, la colaboración con otros agentes y el fomento y desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden a minimizar este problema”.

Por último, José Cruz Pérez Lapazarán afirmó que “el sector agroalimentario es estratégico, ya que factura más de 100.000 millones al año, da empleo, sólo en la industria de transformación, a 450.000 personas y exporta casi 30.000 millones de euros”.