Levy cuestiona el relevo al frente del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público

La diputada del PPC en el Parlament y vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha cuestionado hoy que no se renueve al hasta ahora director del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) que justamente fue quien censuró la adjudicación de la gestión de la Aigües Ter Llobregat (ATLL).

Levy ha recordado que el órgano fiscalizador con Juan Antonio Gallo a la cabeza, fue quien intentó frenar el contrato de concesión de más de 1000 millones de euros a Acciona para la gestión de ATLL "por la irregularidad en la concesión, lo que desbarató los planes de la Generalitat". "El Govern desatendió esa resolución que posteriormente por vía judicial fue confirmada por el TSJC y el Tribunal Supremo", ha añadido.

La diputada ha explicado que "la adjudicación a Acciona se hizo de forma poco clara por intereses presupuestarios en el año 2012 con un gobierno en funciones y aún desconocemos si va a tener consecuencias presupuestarias, ya que si el Tribunal Supremo confirma la nulidad de la adjudicación supondrá a la Generalitat un desembolso de más de 500 millones y un incremento del déficit de 1000 millones".

Por lo tanto, y ante la gravedad de esta cuestión, Levy no sólo ha presentado un batería de preguntas escritas, también ha solicitado hoy mismo la comparecencia en el Parlament, del hasta ahora director, su sucesora y del consejero Raúl Romeva por la transparencia del nombramiento, ya que "a pesar de que este cargo es de libre designación, dada su importancia en el control de la adjudicación de contratos del sector público, debería estar alejado de motivaciones políticas como en este caso parece serlo ante las discrepancias que Gallo ha mantenido en varias ocasiones con el actual Gobierno de la Generalitat". "Resulta paradójico que una operación tan oscura de renovaciones en un organismo fiscalizador del Govern se haya producido al amparo precisamente del departamento de transparencia", ha señalado.

Levy quiere que el Govern aclare si está comprometido con la transparencia en la adjudicación de sus contratos públicos y con qué rigor estos se llevan a término dado el gran coste para los catalanes podría tener desatender las resoluciones del TCCSP.