Leopoldo Barreda: “La Ley de Seguridad Ciudadana es una norma para la convivencia y el ejercicio de las libertades de todos los españoles”

Durante su intervención en la Diputación Permanente celebrada hoy en el Congreso relativa a la Ley de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Barreda consideró “innecesaria” la petición de comparecencia del Ministro del Interior porque “pretende que el señor ministro explique lo inexistente; un supuesto ataque a la libertad de reunión y de expresión que los diputados que han reclamado la comparecencia  - que han imaginado a partir de una lectura creativa del Proyecto de Ley -, que poco tiene que ver con el texto y mucho con las obsesiones y los prejuicios de los solicitantes empeñados en justificar su discurso vacío”.

“Son tales sus prejuicios, que llevamos meses asistiendo a un discurso plagado de contradicciones y que denuncia la despenalización de determinadas conductas y se critica su sanción en vía administrativa”, aseguró el portavoz popular, quien añadió que es “algo que resulta difícil de comprender para quienes siempre hemos considerado la sanción penal como ‘última ratio’, reservada sólo a las conductas más graves, es difícil de comprender”.

Además, indicó Barreda, se dice por los solicitantes que “el Proyecto coarta la libertad de manifestación cuando lo que hace es proteger ese derecho y sancionar como infracción grave la perturbación en el desarrollo de una manifestación”.

A su juicio, “se eleva el tono hablando de las sanciones muy graves y de su importe; hablan así quienes no quieren que se sepa que los supuestos de sanción muy grave se reducen de los 9 actuales a tan solo 4; y consideran desmesuradas sanciones máximas de 600.000 euros, quienes nada dijeron sobre las sanciones de 650.000 euros en la Ley del Deporte; o encontraron adecuadas, desde 1992 y hasta la fecha, las vigentes sanciones máximas de 100 millones de pesetas; o sea, 600.000 euros… desde 1992”, insistió Barreda.

LA LEY VIENE A PROTEGER Y NO A ATACAR

Así, “constatada la doble vara de medir – en sentido estricto, la vara de medir a conveniencia- que emplean los solicitantes, la Ley viene a proteger y no a atacar los derechos de reunión y de expresión”, aseveró el portavoz popular.

En este sentido, explicó Barreda “el derecho de reunión es un valor esencial de nuestro sistema democrático y como tal está reflejado en el artículo 21 de la Constitución; su ejercicio fue regulado en los términos más amplios por la Ley Orgánica 9/1983; y de hecho, el derecho de reunión y manifestación se ejerce libre, profusa y pacíficamente en nuestro país, es importante destacarlo, de forma legal y ejemplar, de modo absolutamente generalizado”.

El portavoz del PP recordó que “de las 33.124 manifestaciones del año 2013, menos del 1% registraron incidentes (323); y menos de una de cada mil (27 – 0.08%) requirió el uso de material de protección por las fuerzas de seguridad”.

Por tanto, aclaró, “el derecho de reunión, sin ser un derecho absoluto, tiene dos únicos límites: la exigencia de desarrollo pacífico y, segundo, la comunicación a las Delegaciones del Gobierno”. “De hecho, solo las manifestaciones no comunicadas pueden ser sancionadas; es una infracción que ya está prevista en la vigente ley de 1992”, afirmó Leopoldo Barreda.

“Esto seguirá siendo así; un derecho que se ejerce libre y profusamente, porque en nada afecta el Proyecto de Ley a la regulación orgánica del derecho de reunión”, explicó el portavoz del PP, quien advirtió que “sí viene a garantizar y reforzar su ejercicio”.

Es decir, remarcó Barreda que “la principal prioridad del Proyecto es proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana y el propio desarrollo de la manifestación”.

Así, señaló que “se sancionan acciones violentas o coactivas, con ocasión del derecho de manifestación o que afecten a la seguridad ciudadana; manifestaciones no comunicadas o prohibidas, en infraestructuras o instalaciones que presten servicios básicos, y que perjudiquen su funcionamiento o generen riesgo para las personas”.

Por tanto, subrayó el portavoz del PP “el artículo 35.1 y la Disposición Adicional sexta incorporan una previsión extraordinariamente matizada, no basta con prejuicios o riesgos para las personas, hace falta que la instalación preste servicios básicos y que, además, la manifestación haya sido previamente prohibida o se haya incumplido el deber de comunicación”.

En este sentido, aseguró que estas matizaciones son fruto del diálogo con múltiples entidades públicas y privadas (A.I; Greenpeace..) y también de las observaciones del C.G.P.J, Consejo Fiscal y Agencia de Protección de Datos.

En resumen, remachó el portavoz popular “una ley para la convivencia y la libertad, que garantiza el ejercicio del derecho de reunión y manifestación; que sanciona menos conductas, con importes máximos idénticos a los de 1992; y una ley dialogada como proyecto y que seguirá siendo dialogada en el trámite parlamentario”.

Finalmente, concluyó Barreda que “esa es la realidad, que no tiene nada que ver con la caricatura del Proyecto sobre la que han pretendido fundamentar su petición los grupos solicitantes”.