Las CCAA del PP denuncian que las prioridades del Gobierno y su incapacidad en la gestión condicionan el día a día de la gestión autonómica

Los responsables de las CCAA y Ciudades Autónomas del PP han lamentado que “la incapacidad” del Gobierno para la gestión del día a día, la “irresponsabilidad” en la toma de las decisiones y su “incompetencia” en la ejecución de las operaciones “condicionan” de manera negativa la gestión diaria de los servicios públicos autonómicos.

Los responsables autonómicos explican que “la ideologización extrema” lleva al Ejecutivo a priorizar acciones innecesarias y contrarias a la lógica del mercado y “la eficiencia” en la gestión de los recursos públicos, como la compra de un 10% de Telefónica, frente al normal desarrollo de las operaciones diarias en la gestión de los servicios públicos autonómicos, que se ven condicionados por la falta de cooperación del Gobierno nacional. En este sentido, reclaman al Ejecutivo la actualización de las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas.

El PP recuerda que las CCAA gestionan los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales, y responsabiliza al Ejecutivo de cualquier menoscabo que pueda ocurrir si el Gobierno continúa con su errática gestión. “Menos Falcon y más trabajar”, afirman de forma irónica. “Más diálogo y menos imposición”, añaden.

SOBREPRECIO DE LA OPERACIÓN TELEFÓNICA

En opinión de los responsables del PP, endeudarse en 2.000 millones de euros para comprar el 10% de una empresa privada, cuando se acaba de batir el récord de deuda pública -1,57 billones de euros- no es “oportuno ni eficiente”, pero hacerlo sin justificación, con compras simultáneas y anunciándolo “a bombo y platillo” encarecerá la operación en cientos de millones.

En un cálculo aproximado anunciado por el Gobierno, la operación aprobada debería costar a los españoles 2.000 millones de euros. Sin embargo, si por el 3% han gastado ya 700 millones, al final de la operación se desembolsarán 2.333 millones de euros, más de 300 millones extraordinarios por el 10% de las acciones de la tecnológica. “Y no quieren sacar la Ley ELA porque es cara”, lamentan.

“Mientras, enredados en su maraña de corrupción diaria, son incapaces de actualizar las entregas a cuenta para que las Comunidades Autónomas puedan sufragar su gasto corriente con cierta holgura y los ciudadanos no se vean afectados por la gestión del Gobierno socialista”, reflexionan.

LA NEGATIVA DEL GOBIERNO A NEGOCIAR

Desde el Partido Popular afean que el Gobierno ideologice hasta la más simple de las operaciones y renuncie a negociar las grandes decisiones de política económica. “No presentan los Presupuestos Generales del Estado por no querer acordar cuestiones de gran interés social con el PP, como el fondo autonómico para apuntalar los servicios sociales, la rebaja del IVA a carne, pescado o conservas, el mantenimiento del IVA reducido a la energía -que el Gobierno ha subido al 21%- y la eliminación de impuesto a la generación eléctrica”, recuerdan.

Asimismo, los consejeros del PP piden al Gobierno la renovación de la financiación autonómica negociada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera previa convocatoria de una Conferencia de Presidentes que suponga el pistoletazo de salida: “Negociación multilateral en el seno de los foros apropiados”, apuntan.

En cuanto a los fondos europeos, el PP defiende que se trata de una oportunidad histórica para España que el país no puede desaprovechar. Sin embargo, explican que el Gobierno cayó desde el inicio en su gran defecto, la falta de negociación y diálogo, lo que propició un mal diseño en el que no se contaba con las Comunidades Autónomas ni las entidades locales. En definitiva, una ausencia de cogobernanza y una gestión caótica que ha propiciado una muy baja ejecución que, si no se corrige, pueden convertirlos en un nuevo plan E como el de Zapatero.

Los consejeros del PP piden al Gobierno transparencia sobre la situación de los fondos y proponen una verdadera cogobernanza con las CCAA, las diputaciones y los ayuntamientos junto con el sector privado, y una planificación a cargo de un órgano independiente y una simplificación burocrática de los procedimientos.