Joaquín García Díez denuncia que la ley de pesca carece del consenso necesario, genera una gran inseguridad jurídica y no beneficia al sector

Señala que el Gobierno no ha facilitado el consenso que necesaria una norma como es el proyecto de ley de pesca sostenible e investigación pesquera

Subraya que esta ley no ha salido como respuesta a una petición del sector, sino como propuesta de un despacho ministerial. En este sentido, subraya que el sector afirmó que esta norma no les beneficia

Recuerda que, durante la tramitación parlamentaria de la ley, el sector aseguró en el Congreso que no tuvo participación, que el diálogo no había existido y que no se les habían escuchado sus reclamaciones

Considera que el texto no llega en un momento oportuno porque estamos a las puertas de una nueva reforma de la política pesquera común, en una situación económica preocupante, y todo ello afectando a un sector que ha visto incrementados de forma muy sensible sus costes de explotación al tiempo que cae el consumo de los productos pesqueros

Destaca que el Consejo de Estado advirtió de la inseguridad jurídica que genera la norma, ya que su aprobación no lleva a cabo una articulación adecuada con la ley vigente, obligando a una lectura conjunta de ambas normas

“Uno de los aspectos más preocupantes de la ley es el nuevo modelo de gestión de los derechos de pesca”, explica García Díez, quien muestra su preocupación “por la arbitrariedad, inseguridad y ambigüedad del articulado”

“El Gobierno en esta ley queda facultado para gestionar las posibilidades de pesca según su conveniencia, sin tener en cuenta criterios biológicos o la libertad de las empresas para gestionar de la manera que consideren oportunas sus bienes”, remarca

Resalta las enmiendas del PP que han mejorado el texto inicial, como la que clarifica las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en marisqueo y acuicultura, o la necesidad de consultar al sector y a las comunidades autónomas en muchos aspectos en los que el texto inicial solo hablaba de oír

Lamenta el veto del Gobierno a todas las enmiendas del PP que tienen relación con coeficientes reductores o la incorporación de nuevos colectivos al régimen especial de los trabajadores del mar