Javier Puente: “Con la Ley General de Telecomunicaciones se va a generar mayor seguridad jurídica, un marco regulatorio más estable y se avanzará en la recuperación de la Unidad de Mercado”

Durante el debate relativo a la aprobación, con competencia legislativa plena, del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, el portavoz popular quiso, en primer lugar, agradecer a todos los grupos parlamentarios el gran trabajo realizado para intentar llegar a un consenso en una Ley que, en su opinión, “tiene que servir de palanca para el desarrollo no sólo del sector de las Telecomunicaciones, sino de la economía española”.

 Así, Puente señaló que “ésta es un Ley sectorial muy importante para poner las bases de la recuperación, no sólo del sector TIC, sino de los demás sectores”, aseguró el portavoz del PP.

A juicio del dirigente del PP “hoy saldrá de esta Cámara un texto mejor y un texto consensuado detrás de muchas horas de conversaciones y reuniones”. El diputado agradeció en su intervención el apoyo y el trabajo del resto de grupos y se sintió especialmente satisfecho por el voto a favor de la ley, tanto del Grupo Socialista como de CiU.

ELABORACIÓN DE LA LEY

Lo primero que puso de manifiesto el portavoz del PP fue su más sincera felicitación al ministro y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, “merecida tanto por el fondo como por la forma en la que se ha elaborado, ya que se ha contado con todo el mundo y con todos los entes implicados para su elaboración”.

En este sentido, Javier Puente recordó que “tras la aprobación del Anteproyecto en Consejo de Ministros, se llevó a cabo el trámite de audiencia pública a través del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información”.

Así, Puente indicó que se han solicitado informes -que se han tenido en cuenta a la hora de mejorar el texto- a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT); Comisión Nacional de la Competencia (CNC); Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo Económico y Social (CES). “Finalmente, se recibió el dictamen del Consejo de Estado, que realizaba una valoración muy positiva del anteproyecto”, subrayó.

Para el portavoz del PP “nuestro país se encuentra en un momento de renovación tecnológica y la tecnología forma parte de nuestras vidas y demandamos un acceso a internet, fijo y móvil, a velocidades ultrarrápidas que permitan incrementar nuestra productividad”.

“Para ello es necesario el despliegue de redes de telefonía móvil de cuarta generación y el despliegue de redes de F.O. Proyectos en los que sólo tenemos que leer la prensa para darnos cuenta que están inmersos los operadores”, afirmó Javier Puente. 

Por otro lado, el dirigente del PP aseguró que “después de 15 años de la liberalización del sector, nuestro país tiene todavía recorrido a la hora de trasladar a los consumidores y empresas un mejor servicio y unos mejores precios”.

De entre los puntos relevantes de la Ley, Puente destacó la importancia en avanzar en la Unidad de Mercado. “Esto se va a conseguir –explicó- a través del establecimiento de nuevos mecanismos de coordinación y colaboración entre el Estado, Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos para que se facilite el despliegue de redes de telecomunicaciones”. También, “a través del establecimiento de requisitos técnicos comunes para despliegue de redes”, destacó.

Asimismo, resaltó como punto relevante de la Ley “la simplificación de determinados procedimientos administrativos, agilización de trámites y, finalmente, que permitirá la puesta en marcha de todo un conjunto de medidas en beneficio de los ciudadanos”.

 Para el portavoz del PP “han sido muchos y muy variados los temas en los que este Proyecto ha experimentado mejoras gracias al intenso trabajo realizado por los Grupos Parlamentarios y también por el Gobierno, que se ha implicado muy directamente en el estudio e incorporación de muchas de las sugerencias”.

 Así, Puente resume que esta Ley permitirá una mayor seguridad jurídica, el fomento de la inversión y creación de puestos de trabajo, recuperación de la Unidad de Mercado y la eliminación de barreras en despliegue y de trámites administrativos, además de una mayor coordinación entre el Estado y las AA.PP.

Por último, concluyó que la norma apuesta por la puesta en marcha de un conjunto de medidas en beneficio de las empresas y los usuarios.