Titulares de su intervención:
• El diputado del GPP acusa al Gobierno de Sánchez de imponer “por la vía unilateral” el nuevo impuesto digital “para saciar el afán recaudatorio innato en la izquierda”.
• Recalca que “corresponde desarrollar dicha tasa en organismos internacionales”, e insta al Gobierno a rectificar “su irresponsabilidad” de implantar dicho impuesto
al margen de la OCDE y la UE.
• Advierte al Ejecutivo de que una tasa “justa y eficaz” de servicios digitales exige su armonización en el contexto internacional del mercado único digital: “Si no es así, se producirán distorsiones fiscales entre países y nuestras empresas verían perjudicada su competitividad”.
• Reprocha al Ejecutivo que en vez de aplicar rebajas fiscales para reactivar la economía durante la pandemia plantee ahora la creación unilateral de un impuesto “con múltiples implicaciones internacionales”, que acabará “siendo repercutido a los ciudadanos” y que “agravará de forma imprudente, insensata e incomprensible” las peores previsiones para la exportación y el sector productivo.
• A la ministra Montero: “Sectores de nuestra economía que ya están siendo duramente castigados, como el campo o la automoción, verán amenazadas sus
exportaciones si prospera esta vía unilateral. Y este hecho, además, se agrava con un contexto de crisis ya de por sí complicadísimo”.
• Recuerda el caso de Francia, que intentó también poner en marcha este impuesto de forma unilateral y se vio después obligada a posponer su aplicación “porque sus exportaciones se iban a ver seriamente perjudicadas”.
• Critica que el Gobierno recurra permanentemente a la demagogia: “Cuando hablan de ‘escudo social’, lo que pretenden construir realmente es un enorme ‘escudo fiscal”.
• A la titular de Hacienda: “Tal es su trayectoria, que corre el riesgo de pasar a la historia como la ministra que no ha sido capaz de aprobar un primer presupuesto,
pero sí conseguir aprobar la creación de un impuesto que nunca se llegará aplicar”.
• Exige a Sánchez que abone con urgencia los 500 millones que adeuda a la Xunta de Galicia y le reprocha su “incumplimiento” de fijar un precio de la energía para la industria electro intensiva, como le reclama Núñez-Feijóo, con el resultado del despido colectivo en la fábrica de Alcoa en Lugo.
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