El Pleno del Parlamento Europeo ha respaldado hoy por amplia mayoría el informe del eurodiputado español del PP, Antonio López-Istúriz, que refuerza la protección de las víctimas de la violencia doméstica.
Las victimas de cualquier tipo de violencia, acoso o agresión contarán con protección en todos los países de la UE con independencia de cuál sea su Estado de origen o el Estado en el que se encuentren.
La nueva legislación permitirá que las personas que hayan obtenido una orden de protección en un país puedan circular libremente y con seguridad dentro de todo el territorio comunitario.
El ponente del informe y eurodiputado del PP Antonio López-Istúriz aseguró que "hoy se ha logrado un avance sustancial en la protección de los ciudadanos que sufren delitos, en particular las víctimas de la violencia de género y los niños. La creciente movilidad de ciudadanos entre Estados de la UE hace necesario establecer mecanismos legales que garanticen su protección cuando sea necesario. Este informe respalda la excelente propuesta legislativa presentada por la Vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, Viviane Reding, y confirma que las instituciones europeas dan respuesta a las necesidades concretas de los ciudadanos.
Una persona a la que se le haya concedido la protección en un Estado miembro no perderá esta protección cuando se traslade a otro Estado de la UE. Por tanto, las victimas tendrán que recibir en el Estado miembro en el que se encuentren las mismas medidas de protección concedidas por su Estado miembro o de origen, entre ellas medidas como la prohibición al agresor de la entrada en el lugar en el que la persona protegida reside o trabaja; la prohibición al agresor de cualquier tipo de contacto con la persona protegida (incluidos los contactos telefónicos, por correo electrónico o postal, o por fax); la prohibición de acercamiento a la persona protegida a una distancia menor de la prescrita.
Se creará un certificado normalizado y multilingüe que se transmitirá automáticamente entre el Estado emisor y el Estado de reconocimiento, lo que permitirá tanto el reconocimiento rápido y sencillo de esa medida de protección como la aplicación de la misma.
Este reconocimiento mutuo de medidas civiles entre Estados de la UE que establece el informe de López-Istúriz permitirá que se ofrezca a todas las víctimas de delitos la mayor protección posible dentro del territorio de la UE, complementando la Directiva ya existente relativa a la orden europea que garantiza el reconocimiento mutuo de las medidas de protección en materia penal entre todos los países de la UE.
Hasta la aprobación de este informe no existía el reconocimiento automático, por parte de las diferentes autoridades nacionales en la UE, de las medidas de protección de víctimas en el ámbito civil.
El objetivo último del Reglamento presentado por la Comisión Europea y al cual se refiere el informe de López-Istúriz es proteger a una persona cuando existan motivos fundados para considerar que su vida, su integridad física o psíquica, su libertad personal, su seguridad o su integridad sexual están en peligro, por ejemplo mediante la prevención de toda forma de violencia de género o de violencia en el marco de relaciones personales, como la violencia física, el acoso, la agresión sexual, el acecho, la intimidación u otras formas de coerción indirecta.
Con el objetivo de que la protección de las víctimas sea realmente eficaz, gracias al informe López-Istúriz se creará un registro único a nivel europeo en que se harán constar las medidas de protección acordadas por los Estados y los certificados emitidos.
La aprobación de este informe supondrá también una reducción de costes ya que la propia víctima podrá solicitar la emisión del certificado sin necesidad de ser asistida por un abogado y a través de cualquier medio telemático.
El informe respaldado hoy por el Parlamento Europeo se tramitó conjuntamente por las comisiones parlamentarias de Asuntos Jurídicos y de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. Se espera que la nueva legislación entre en vigor en 2015.