El Grupo Popular ha registrado en el Congreso una proposición de Ley que reclama que se cumplan unos requisitos mínimos comúnes a todo el territorio español sobre la acreditación de centros, servicios y entidades que actúen en el ámbito de la autonomía personal y de la atención a la dependencia.
El PP explica que la modificación legal que se propone pretende que haya criterios homogéneos en lo que afecta a la Dependencia en todas las autonomías, "corrigiendo las crecientes desigualdades" y haciendo efectivo el incumplido artículo 1 de la Ley 39/2002 que establece la "garantía por la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio del Estado Español".
La nueva redacción que se daría al artículo 34 de la Ley de diciembre de 2006 de Promoción de la autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece la obligación de la Administración General del Etado de fijar a través de un reglamento los criterios comunes de acreditación de centros y planes de calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Se trata de que, sin perjuicio de las competencias de las CC.AA., la Administración General del Estado, oído el Consejo Territorial, acuerde criterios de calidad y seguridad para los centros y servicios; indicadores de calidad para la evaluación, la mejora continua y el análisis comparado de los centros y servicios del Sistema; las Guías de buenas prácticas y las Cartas de servicios, adaptadas a las condiciones específicas de las personas dependientes, bajo los principios de accesibilidad y no discriminación.
En la exposición de motivos de la Proposición de Ley, el PP justifica su iniciativa afirmando que el desarrollo de la Ley de Dependencia, aprobada hace más de tres años, "está resultando un fracaso, además de generar una enorme frustración a las personas dependientes y a sus familias".