La iniciativa persigue que se garantice la máxima eficiencia en la prestación de los servicios públicos para lo cual, es imprescindible que se aclare el marco competencial de los distintos niveles de gobierno.
A este panorama, se unen los incumplimientos del Gobierno socialista con las entidades locales y su financiación que han llevado a una situación difícilmente resistible para los gobiernos municipales, que se ven abocados a soportar serias dificultades para poder hacer frente a los más elementales gastos corrientes y al pago a sus proveedores.
Esta actuación injusta del Gobierno pone en riesgo la estabilidad de las entidades locales y la prestación de los servicios públicos, una situación que se ha visto agravada por la crisis económica a la que el Ejecutivo ha sido incapaz de hacer frente, lo que ha provocado una merma de la financiación local desde el año 2008 como consecuencia de la disminución de los ingresos del Estado.
Por todo ello, el Grupo Popular considera que es urgente definir el marco competencial del conjunto de las entidades locales y decidir la financiación que necesitan para ejercer de manera más eficaz sus competencias.
Una línea ICO para los ayuntamientos
Con este objetivo, el PP insta al Gobierno a que apruebe en el plazo máximo de un mes un total de siete medidas transitorias a fin de paliar las graves dificultades económicas y financieras que atraviesan los ayuntamientos para evitar que dejen de prestar servicios básicos. Entre otras propuestas, el PP exige la instrumentación, de forma real y efectiva, de una Línea de Crédito ICO a favor de las corporaciones locales para que hagan frente al pago de las obligaciones contraídas.
También pide que se aplacen las devoluciones al Estado hasta la entrada en vigor de un nuevo modelo de financiación; la flexibilización de su capacidad de endeudamiento; que puedan refinanciarse los vencimientos de deuda del ejercicio sin que se vea alterado; una mayor liquidez incrementando del 95% al 98% el porcentaje de las entregas a cuenta; la mejora de la financiación de municipios con menos de 20.000 habitantes y el incremento de los Planes de Cooperación de las Diputaciones para que mantengan su capacidad inversora.
Austeridad, criterio prioritario
Estas siete medidas transitorias se complementan con otras nueve propuestas estructurales orientadas a la mejora del sistema de financiación municipal. Entre estas últimas, destacan: la revisión de forma integral del sistema tributario municipal así como hacer de la austeridad el criterio prioritario en la Administración Pública, una medida esta última que se complementa con la reclamación de una Ley de Estabilidad que prohíba el gasto público excesivo con un techo de gasto para todas las Administraciones.
También sobresalen las siguientes medidas estructurales: introducir mecanismos de transparencia en la gestión; la corrección del mecanismo de participación en los ingresos del Estado incorporando expedientes que impidan el incremento de las deudas tributarias de otras administraciones con los ayuntamientos y que se tenga en cuenta la tipología de los ayuntamientos a la hora de aumentar su capacidad de autogestión.
Aparte de las medidas transitorias y estructurales que comprende la iniciativa, el tercer punto de la Proposición no de Ley reclama la aprobación de un Proyecto de Ley Básica del Gobierno y Administración Local en el que se tramite y apruebe un nuevo modelo de financiación local, se garantice un modelo de régimen local básico, común y homogéneo para que todos los ciudadanos gocen de los mismos derechos con independencia del lugar de residencia y el establecimiento de un sistema competencial claro y preciso.