El Grupo Popular pide al Gobierno una ley comunitaria que dé transparencia a la cadena agroalimentaria

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, Diego Sánchez Duque, ha asegurado que la necesidad de elaborar una ley para lograr un equilibrio en la cadena alimentaria ha sido una de las reivindicaciones más importantes de los sectores agrario y alimentario en los últimos años en España.

En este sentido, Sánchez Duque ha recordado que “hoy podemos estar todos satisfechos porque afortunadamente se ha aprobado la Ley 12/2013 de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria en España y se ha puesto en marcha para evitar esas quejas, y principalmente, del sector productor. Esta Ley contempla un Observatorio de la cadena alimentaria donde se van a establecer los mecanismos de formación de los precios para intentar evitar los abusos.”

El portavoz del PP ha constatado que la aprobación de esta Ley ha supuesto “un hito para el sector agroalimentario de nuestro país  y con  esta norma lo que pretendemos es un mejor funcionamiento, una vertebración y una transparencia en la cadena alimentaria. De manera que aumente la eficacia y la competitividad del sector agroalimentario español”.

Así, el senador extremeño ha señalado que “al mismo tiempo esta Ley va a reducir los desequilibrios que existían  en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena alimentaria y va a eliminar las prácticas abusivas,  lo que redundará en el beneficio de todo un sector y también de los consumidores. Va a mejorar  la capacidad de negociación de los eslabones más débiles, los productores, fomentando un reparto equitativo del valor añadido”.

“Todos pretendemos obtener un valor añadido sostenible para todos los  operadores de la cadena alimentaria y que beneficie a los consumidores”, ha subrayado.

Durante su intervención, Sánchez Duque ha incidido en que la Ley 12/1013 regula los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. Además, ha destacado una novedad fundamental que radica en la obligatoriedad de formalizar por escrito los contratos que suscriben los operadores de la cadena para garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales. “En cuanto a las prácticas abusivas, la ley prohíbe la modificaciones de las condiciones contractuales salvo que se realicen de mutuo acuerdo”.

Asimismo, el senador popular ha resaltado la puesta en marcha de la Agencia de Información y Control Alimentario que va a velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley. La Agencia va a realizar inspecciones por denuncias, que sean presentadas o bien de oficio, a través de  un plan de inspección coordinado con todos y cada uno de las comunidades autónomas.

Sánchez Diego ha señalado que esta Ley, que se ha puesto en marcha en enero de este año 2014,  es una ley pionera en Europa, donde se ha legislado combinando la parte regulatoria y la parte de autorregulación, y ha convertido a España en un espejo donde se van a mirar muchos de los países de la Unión Europea.

El portavoz sectorial ha indicado que “pedimos una normativa similar en el ámbito comunitario para los 28 países que componen la Unión Europea”. Considera que es necesario aglutinar las diferentes legislaciones de los países miembros de la UE con respecto al sector agroalimentario, y  la más completa que hoy existe en Europa es la aprobada recientemente en España. “Tiene que ser el espejo de los países miembros y de la propia Comisión Europea y lo veremos en un futuro”, ha concluido.

Por último, ha reprochado la falta de apoyo al resto de grupos parlamentarios “porque no es una moción ideológica, es una moción donde todos caben”, que pretende la puesta en marcha de una normativa comunitaria para evitar problemas al sector agroalimentario con las diferentes legislaciones de los países miembros de la UE, donde no se ha hecho todavía nada en este sentido”.