Con estas preguntas se pretende obtener respuestas concretas sobre de lo ocurrido el 4 de mayo de 2006 cuando un chivatazo policial dado al dueño del bar "Faisán" frustró la operación prevista para ese día contra la red de extorsión etarra.
El Grupo Popular, a través de su diputado, Ignacio Gil Lázaro, viene planteando desde hace más de un año, en todas las sesiones de control al Ejecutivo, distintas preguntas en relación a este asunto.
Así, el Grupo Popular ha sostenido siempre la tesis de que es impensable que el ex Director General de la Policía, el Jefe Superior de Policía del País Vasco y un agente - personas que en la actualidad permanecen imputadas por este asunto - urdieran por su cuenta y riesgo ese chivatazo sin recibir para ello instrucciones superiores.
El conjunto de esas 270 preguntas escritas configuran la base de la investigación que el vicepresidente primero y ministro del Interior debería haber ordenado para esclarecer ante la sociedad española un escándalo que supuso una traición al Estado de Derecho, a las víctimas del terrorismo y al esfuerzo admirable de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desde hace muchos años se juegan la vida en su lucha contra los terroristas.
Los populares consideran que bajo ningún concepto puede quedar impune el que personas de la máxima relevancia en el ministerio del Interior urdieran el chivatazo para evitar que terroristas fueran detenidos en el momento concreto en que el operativo judicial y político estaba dispuesto.
La fecha en que se produjo ese chivatazo hace pensar que el mismo se dio por concretos intereses políticos del Gobierno en el marco del entonces mal llamado "Proceso de Paz".
Esta iniciativa también pone de manifiesto las contradicciones y el absurdo de algunas de las contestaciones realizadas por Alfredo Pérez Rubalcaba en sus distintas comparecencias ante el Parlamento.
Finalmente, la presentación de esta batería de preguntas acredita una vez más el compromiso del Grupo popular de llegar hasta el final en su empeño de conseguir que se sepa la verdad del chivatazo y que se sustancie las responsabilidades políticas correspondientes con independencia de las que hubiere lugar, en su caso, en el orden penal.
(Preguntas Caso Faisán en el documento adjunto)