Lassalle ha insistido que "se ha logrado una nueva regulación y un nuevo modelo que trata de establecer un justo equilibrio entre los derechos de los creadores y, por tanto, la protección de la propiedad intelectual, y la salvaguarda de una serie de garantías judiciales en torno a la libertad de la red".
El portavoz popular ha explicado que la nueva redacción "va a garantizar judicialmente cualquier intervención que se produzca a la hora de proteger derechos de propiedad intelectual en la red". "Hay una autorización judicial previa, a la hora de identificar a quien vulnere derechos de propiedad intelectual en la red y una ejecución judicial de las medidas que adopte la comisión de la propiedad intelectual".
"Quien identifica a quien vulnera los derechos de la propiedad intelectual será siempre un juez", ha afirmado. "La autorización para poder determinar quién está vulnerando un derecho de propiedad intelectual es del juez, lo que se denomina el levantamiento de la IP, la identificación del usuario en la red. El desarrollo del procedimiento está en manos de la comisión de la propiedad intelectual y la ejecución de las sanciones que se puedan adoptar corresponde al juez".
Asimismo, "la comisión se ocupará de ir desarrollando todo el proceso contradictorio que el denunciado, los denunciantes y el ministerio fiscal desarrollen, como sucede normalmente en un proceso contencioso administrativo, como pasa por ejemplo en el ámbito tributario o tantos otros procedimientos de la Administración".
"El plazo de autorización judicial para el levantamiento de la IP y la identificación de quien es el prestador sobre el que está recayendo la acusación de estar vulnerando los derechos de la propiedad intelectual es de 24 horas". "Eso ha cambiado, siendo los criterios que desde un primer momento ha mantenido el PP", ha manifestado.
Para Lassalle, "el PP ha mantenido constantemente, desde el comienzo de este debate, que garantizaría judicialmente las medidas que podrían adoptarse a la hora de proteger los derechos de propiedad intelectual. En este país hay que proteger los derechos de propiedad intelectual, pero debe hacerse de acuerdo con garantías judiciales y salvaguardando una serie de derechos fundamentales que están vinculados a la libertad en la red".
"En ese sentido, creo que todos los usuarios en la red deben tener perfecta tranquilidad a la hora de saber que se están adoptando una serie de garantías que están protegiendo sus derechos fundamentales: el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y por supuesto todos los derechos vinculados a la libertad de expresión y de comunicación".
Lassalle ha destacado que "hay mecanismos que están garantizando judicialmente la tutela de esos derechos, que son los que hacen posible y viable la naturaleza misma de Internet, y creo que nadie puede reprochar a quienes hemos logrado fraguar este acuerdo que estamos atentando de alguna manera contra nada, más allá de proteger los derechos de la propiedad intelectual y proteger la libertad en la red dando un procedimiento judicializado".
Asimismo, ha resaltado que el acuerdo para la nueva regulación incluye la petición del PP de modificar el canon digital en el plazo de tres meses, de acuerdo con la reciente sentencia del tribunal europeo.
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