El GPP reivindica la libertad educativa en Valencia

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha reivindicado este jueves en el Congreso la libertad educativa en Valencia, y lo ha hecho después de que el Gobierno valenciano (Compromís y PSOE) haya impedido a más de 1.000 alumnos de bachillerato continuar con sus estudios el próximo curso escolar en el mismo centro al decidir eliminar 31 aulas concertadas. 

El portavoz popular, Rafael Hernando, el secretario general del GPP, José Antonio Bermúdez de Castro, y los portavoces adjuntos populares, entre ellos Rubén Moreno, a los que se han sumado parlamentarios populares de Valencia y de otras comunidades a las que se está extendiendo este mismo problema, se han reunido en las escalinatas del Congreso de los Diputados para “hacer viral” la reivindicación del derecho de los padres a la libre elección de centro educativo, dado que se trata de “una prerrogativa sagrada” constitucionalmente reconocida, según ha puesto de manifiesto Rubén Moreno. 

Moreno ha recordado la manifestación de cerca de 40.000 personas que recorrieron el pasado sábado, 6 de mayo, las calles de la capital valenciana defendiendo dicha prerrogativa en centros, además, “de acreditada demanda”, donde no existe falta de alumnos pese a que la justificación que ha empleado el Gobierno valenciano para explicar el cierre de 31 aulas concertadas de Bachillerato sea la existencia de plazas vacantes. 

Según ha explicado, la Administración debe garantizar, tal y como consagra la LOMCE, la libertad de las familias en la elección de centro educativo, “y que las Administraciones tienen que tener en cuenta la demanda social en la planificación educativa”. 

“Las familias tienen el derecho a decidir dónde escolarizan a sus hijos, y la Administración debe garantizar este derecho y que exista la oferta suficiente para cubrir toda la demanda”, ha sintetizado Rubén Moreno sobre esta reivindicación, remarcando que “el poder político no puede condicionar una prerrogativa sagrada” y pretender con ellos “recortar los derechos y las libertades de los valencianos” sobre la base de “criterios dogmáticos”. 

El parlamentario popular ha echado la vista atrás para recordar que “los conciertos educativos nacieron en el año 1985 con la LODE, cuando el PSOE gobernaba España y el PSOE lo hacía en la Comunidad Valenciana”, a la vez que ha acentuado el hecho de que “la enseñanza concertada tiene una gran demanda”, pues solo el 2% de las plazas se quedan vacantes, frente al 25% (1 de cada 4) de la enseñanza pública. 

Son las cifras, ha puesto de manifiesto, las que revelan que “en la Comunidad Valenciana el 67,4% de los alumnos estudia en centros públicos, el 25,2% en concertados y el 7,34% en privados”, frente a las cifras de otras comunidades autónomas como el País Vasco (50,8% en privada o concertada y 49,2% en la pública) o Madrid (45,5% privada o concertada y 54,5% en la pública). 

“Del total de centros”, ha detallado, “427 son privados, 1.692 son públicos y 576 son concertados”, lo que significa que “más del 63% del total de los centros de la Comunidad Valenciana son públicos”, y si se atiende a los presupuestos de 2016 puede inferirse que “el gasto por alumno escolarizado en la enseñanza pública supone a la Generalitat 4.580 euros de media, mientras que el gasto por alumno en la enseñanza concertada supone 2.926 euros de media a la Generalitat”. 

“Acabar con ello perjudicaría a más de 200.000 familias, destruiría más de 25.000 puestos de trabajo y dejaría sin plaza y sin colegio a una cuarta parte de los alumnos de la Comunidad Valenciana”, ha asegurado Moreno, a la vez que ha recordado que el respeto a la enseñanza concertada no va en contra de la pública, y que “para dignificar la escuela pública no es necesario denostar a la concertada”. “Queremos una escuela pública de calidad que sea libremente elegida por los padres, no por castigo”, ha concluido. 

Moreno ha recordado que el alto tribunal valenciano (TSJV) ha admitido el recurso del PP contra el Real Decreto de la concertada del Gobierno valenciano, a los que se añade también la admisión de dos recursos más, a saber: “Uno de la Diputación de Alicante y otro de una plataforma de padres que rechazan el Decreto de Plurilingüismo del Gobierno valenciano”.