El GPP reclama modificaciones legislativas para salvar a empresas, autónomos y empleos

El senador José Vicente Marí afirma que “el Gobierno no entiende que sin ingresos es muy difícil hacer frente a los gastos”.

Asegura que la propuesta del PP va dirigida “a corregir un problema que constituye una importantísima barrera de acceso a las ayudas que están desplegando las administraciones”.

Recuerda que 100.000 empresas “echaron el cierre” en 2020 y que se mantienen 4 millones de parados, 638.000 personas en ERTE y 450.000 autónomos en cese de actividad.

El portavoz de Presupuestos del Grupo Popular y senador por Baleares, José Vicente Marí Bosó, ha reclamado al Gobierno, durante el debate de una moción del PP en el Pleno, que haga las modificaciones legislativas necesarias para que, excepcionalmente para los ejercicios de 2021 y 2022, en las líneas de ayudas y subvenciones que tengan su motivación en paliar los graves efectos que sobre la actividad económica ha tenido y tiene el COVID-19, las distintas administraciones puedan excepcionar el requisito de estar al corriente de pago de deudas por obligaciones tributarias, con la seguridad Social, las haciendas autonómicas o locales, siempre que dichas deudas se hayan originado en dichos ejercicios.

“Salvar empresas, señorías, salvar autónomos es salvar empleos en nuestro país, es salvar familias y personas. Sorprende que esto, que cualquiera entiende perfectamente, parece que el Gobierno no, como tampoco entiende que sin ingresos es muy difícil hacer frente a los gastos, aunque sean gastos derivados de obligaciones con las administraciones públicas”, ha afirmado el senador popular.

100.000 EMPRESAS CERRADAS EN 2020

Así, el senador balear ha recordado que la pandemia “tuvo un impacto negativo sin precedentes, del 11% del PIB, en el 2020; 100.000 empresas echaron el cierre en nuestro país el año pasado; y aunque pudiera pensarse que este año empezaría mejor, el Gobierno ha tenido que recortar sus fantasías de crecimiento para 2021, ni más ni menos que en un tercio de la previsión de los PGE”, del 9,8 por ciento al 6,4%. “A fecha de abril -ha añadido- se mantienen los casi 4 millones de parados, 638.000 personas en ERTE, 450.000 autónomos en cese de actividad y un 41% de paro juvenil”, ha remarcado.

“Estos son los aterradores datos derivados de una pandemia que dibuja una durísima crisis económica y social y estos son los datos que también hablan y retratan la grave equivocación del Gobierno en su gestión de la crisis”, ha denunciado.

Así mismo, el senador popular ha puesto de manifiesto que, durante el año 2020, “las administraciones territoriales -CC.AA., Diputaciones y Ayuntamientos- fueron las que tuvieron que desplegar líneas de ayudas, en función de sus capacidades, para dar solución a numerosos colectivos en situación extrema”.

José Vicente Marí ha resaltado que la propuesta del Grupo Popular va dirigida “a corregir un problema que constituye una importantísima barrera de acceso a las ayudas que están desplegando las administraciones y que hace que dichas ayudas pierdan mucha efectividad, con el consiguiente cierre definitivo de empresas y pérdida de puestos de trabajo”.

Durante su intervención en el Pleno, Marí Bosó ha explicado que “la actual normativa de concesión de subvenciones y ayudas impone que, para ser beneficiario, es requisito estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con la Seguridad Social y con las administraciones, lo que constituye una importante barrera para el acceso a las ayudas y subvenciones que las distintas administraciones están desplegando”

Además, el portavoz de Presupuestos del GPP ha asegurado que “en las circunstancias actuales, numerosos colectivos o empresas no han podido obtener ingresos por decisiones gubernativas, o han visto reducir sus ingresos de forma sustancial y son deudores de las administraciones públicas por no haber podido hacer frente a sus obligaciones tributarias o con Seguridad Social”-

“Se da la paradoja. o más bien el contrasentido -ha aseverado el senador del PP- de que se les impide acceder a las ayudas que necesitan para poder reflotar sus empresas y mantener los empleos mientras no paguen primero sus deudas con Hacienda o la Seguridad Social con el dinero que no tienen”.

En su opinión, adoptar esta medida no genera ningún tipo de agujero de recaudación, porque las deudas subsisten y las administraciones disponen de mecanismos para su cobro. “Esta medida no supone premiar a ningún defraudador porque deja a salvo deudas generadas con anterioridad a la pandemia y solo se refiere a las surgidas en una situación excepcional, salvo que tilden de defraudadores a los que se han visto en la obligación gubernativa de cerrar”.

José Vicente Marí ha puesto de relieve que la propuesta de su Grupo es “útil, ajustada y, además es demandada por la unanimidad de los colectivos de pequeños empresarios, autónomos y comerciantes en nuestro país, con la esperanza de poder mantener sus empresas y los empleos”.

Por último, el senador del PP por Baleares se ha referido a la campaña turística de este verano y ha afirmado que “el retraso se debe a la nefasta campaña de vacunación” por parte del Gobierno. “Déjense de historias, había que tener a la gente vacunada, ese era el principal objetivo este año y ustedes han fracasado para escarnio de todos”, ha concluido.

La moción del Grupo Popular insta al Gobierno a:

1º.- Excepcionalmente, en los ejercicios 2021 y 2022, para las convocatorias de subvenciones por motivos relacionados con la COVID-19, las administraciones públicas podrán exonerar el requisito que impide obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora por no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente, establecido en los artículos 13.2.e), 14.1.e) y 34.5 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones, siempre que las deudas tengan su causa en incumplimientos de obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social, las administraciones autonómicas y/o locales en los ejercicios 2020 y 2021.

2º.- De igual manera, para esos mismos ejercicios 2021 y 2022, en caso de no poder acreditar la inexistencia de deudas con la administración tributaria, frente a la Administración de la Seguridad Social, las administraciones autonómicas y locales el beneficiario deberá acreditar la deuda, su concepto y origen en los ejercicios 2020 y 2021 mediante certificación expedida por la Administración Tributaria, la Seguridad Social, las administraciones autonómicas y/o locales al efecto.