El GPP propone medidas para la igualdad real en la política penitenciaria, tanto para reclusas como para empleadas públicas

Con una Proposición no de Ley en el Congreso

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Se incluye el reconocimiento a los funcionarios de prisiones de la condición de agentes de la autoridad

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso en la que se insta al Gobierno a adoptar medidas urgentes que favorezcan políticas de igualdad real en la política penitenciaria, tanto para reclusas como para empleadas públicas. La iniciativa también incluye el reconocimiento a los funcionarios de prisiones de la condición de agentes de la autoridad.

La exposición de motivos de la Proposición señala que el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres debe ser una prioridad de toda la sociedad y también del Gobierno de España, que debe hacerlo extensible a todos los ámbitos de las políticas públicas. Esta prioridad tiene que abarcar también a la política penitenciaria en todos sus ámbitos.

Añade que la necesidad de adoptar medidas en favor de la igualdad y de la conciliación laboral también afecta a las empleadas públicas que trabajan en Instituciones Penitenciarias, y que el conjunto de empleados públicos penitenciarios, hombres y mujeres, deberían ser reconocidos como esenciales para garantizar los derechos del conjunto de penados internados en las cárceles españolas.

Por ello, el Grupo Popular insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias que garanticen con carácter de urgencia:

⁃Un aumento de los programas de empoderamiento, de habilidades sociales y de emprendimiento laboral para las reclusas.

⁃Un diseño de módulos que promueva que la vida penitenciaria de las reclusas transcurra en un ambiente más seguro. Así es fundamental el incremento del personal en todos los campos relacionados con el trabajo penitenciario, vigilancia y tratamiento, y también del personal que las atienda cuando las internas vuelvan a su realidad exterior.

PROTOCOLOS DE IGUALDAD

⁃Una mejora de los protocolos de igualdad y de conciliación desde la voluntad de lograr la igualdad real y efectiva de las mujeres en la política penitenciaria, tanto para las reclusas como para las empleadas públicas de prisiones. Protocolos que, en la medida de lo posible, también deben extenderse a los reclusos y a los empleados público

.⁃Un servicio sanitario penitenciario de calidad y bien dotado de personal. Debe poder garantizar el tratamiento a las reclusas en condiciones de igualdad.

⁃Un aumento de las plantillas disponibles de los funcionarios y laborales de prisiones, mediante una oferta de empleo extraordinaria en 2020 y 2021 que cubran las vacantes existentes. Ello debe permitir un tratamiento que mejore las condiciones de seguridad e igualdad para los hombres y mujeres encarcelados.

⁃Una mejora sustancial de las instalaciones carcelarias que favorezcan la igualdad y el tratamiento diferenciado de las reclusas. ⁃Una mejora de los medios materiales que se proporcionan a los empleados públicos de prisiones para un trabajo más seguro para el conjunto de la población reclusa.

⁃El reconocimiento a los funcionarios de prisiones de la condición de agentes de la autoridad, para igualarlo a otros funcionarios así reconocidos.

⁃Un plan de mejora continua de la formación de los empleados públicos de prisiones en todos los ámbitos, con especial incidencia en las políticas de igualdad.

⁃La mejora global de las condiciones laborales de los empleados públicos de prisiones, incluyendo un plan trianual para su equiparación salarial.

La iniciativa del GPP va suscrita por la portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, junto a la portavoz adjunta Pilar Marcos, la portavoz de Igualdad, Marga Prohens, la de Interior, Ana Vázquez, y las diputadas Rosa Romero, María José García-Pelayo, Beatriz Álvarez Fanjul, Carmen González, Ana Zurita, Edurne Uriarte, Teresa Jiménez-Becerril, Alicia García, María Jesús Moro, Tristana Moraleja, Soledad Cruz-Guzmán y María de la O.