El GPP pide un informe independiente que calcule el número de vidas que hubieran podido salvarse en el caso de haber adoptado las medidas el 2 de marzo, cuando la Comisión Europea alertó del “alto peligro” del brote

El Grupo Parlamentario Popular ha instado al Gobierno a encargar a un comité científico independiente la realización de un análisis cuantitativo del impacto de las intervenciones llamadas no farmacéuticas -como el confinamiento y la reducción de movimientos de la población- para contener el contagio, así como un cálculo del número de vidas que hubieran podido salvarse en caso de haber adoptado tales medidas el 2 de marzo. Esa es la fecha en que la Comisión Europea elevó el peligro del brote para los países de la Unión Europea a “alto” y el número de personas contagiadas en España adoptó la forma de curva exponencial.

Con una Proposición no de Ley firmada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, la vicesecretaria del GPP, Cuca Gamarra, las portavoces adjuntas del GPP Pilar Marcos y Sandra Moneo, así como los diputados Pedro Navarro, Marga Prohens y Beatriz Fanjul, el Grupo Popular señala que “existen claras evidencias de que medidas como el aislamiento social o la confinación de la población en sus hogares -tal como adoptó el Gobierno desde la declaración del estado de alerta- son muy efectivos para contener el número de contagios por el virus COVID-19”. “Los estudios también señalan que la rapidez y la anticipación son cruciales”, añade.

Destaca que, por ejemplo, “el estudio publicado el 30 de marzo por el Imperial College, titulado COVID-19 Response Team, estima que las medidas de confinamiento en España han salvado la vida de 16.000 personas; es decir -señalan los autores del informe- que si no se hubiera decretado el estado de alarma la cifra de fallecidos por COVID-19 en España, al concluir marzo, sería de unos 24.000 desde el inicio del brote”.

La exposición de motivos subraya que “son conocidos los estudios científicos sobre el impacto de intervenciones no farmacéuticas frente al virus SARS-CoV-2, que demuestran su eficacia para disminuir el número de contagiados así como para contener la pandemia”.

“Estos estudios son capaces de indicar tanto el número de vidas que se han podido salvar gracias a las medias adoptadas, como las muertes que se hubieran evitado en caso de haber adoptado las mismas medidas con una mayor anticipación”, añade, recalcando que “también es bien conocido que, con los datos del 1 de abril, el número de fallecidos en España por la enfermedad del coronavirus es uno de los más elevados del mundo”.

Por tanto, “es pertinente plantear un debate basado en los datos y en la evidencia científica sobre si las medidas que se han adoptado en España llegaron a tiempo o si fueron tardías y se implementaron cuando la infección por el virus ya estaba descontrolada”. “Como también es pertinente plantear un debate público sobre los motivos políticos del eventual retraso en la adopción de unas medidas de confinamiento que los expertos y la experiencia de otros países habían demostrado necesarias y útiles para frenar la expansión de la pandemia”, recalca el GPP.

“En el informe de la OMS sobre la misión conjunta en China -publicado el 24 de febrerose requería al resto de países que adoptaran medidas urgentes, como impedir el
movimiento de la población y llevar a cabo tests masivos. Para la OMS, había que ‘estar preparados’ y actuar ‘como si el virus estuviera a la vuelta de la esquina”, se señala.

El 28 de febrero, recuerda la iniciativa, “la OMS elevó a ‘muy alto’ el riesgo de expansión del coronavirus y el 2 de marzo la Comisión Europea elevó el riesgo a ‘alto’ dentro de la UE”. El 5 de marzo, continúa cronológicamente, “la OMS se lamentó de que ‘el nivel de compromiso de muchos países no se corresponde con el nivel del peligro al que habrá que hacer frente’, y el 7 de marzo, el presidente de esta organización se refirió a ‘este sombrío momento’, muy consciente de la tragedia que estaba a punto de desencadenarse en muchos países: y, de forma muy especial, en España”.

“Sin embargo, el Gobierno español solo se sintió concernido por el grave problema del virus desde el 9 de marzo -destaca la iniciativa-, justo un día después de las multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo a las que el Ejecutivo había animado a participar, minimizando el riesgo de contagios”.

“Pero el 9 de marzo -se señala- el número de contagios en España era ya muy alto. Por ser precisos, desde finales de febrero, la curva del número de contagiados en España ya había adoptado una preocupante forma exponencial”.

En los primeros días de marzo, “muchas comunidades autónomas habían detectado casos de personas contagiadas por la COVID-19, y se habían constatado ya contagios a nivel local”. “El 2 de marzo era el momento para tomar las decisiones políticas a la altura de las circunstancias -subraya el GPP-, pero el Gobierno, inexplicablemente, decidió esperar a un día después del 8 de marzo”.

Preguntas escritas

En una nueva batería de preguntas dirigidas al Gobierno, el GPP reclama saber, entre otras cuestiones, “qué medidas de prevención del contagio adoptó el Gobierno para los aficionados del Atlético de Madrid que viajaron a Liverpool (Reino Unido) el 12 de marzo y qué medidas se adoptaron para que no acudieran a Valencia el día 10 de marzo los aficionados del Atalanta de Bérgamo”. En este apartado, también se interroga al Ejecutivo por “la razón o causa para suspender las ayudas a mujeres deportistas por la crisis”.