El GPP pide la comparecencia del secretario de Instituciones Penitenciarias, por los privilegios a familiares de presos etarras durante la pandemia

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una batería de iniciativas en el Congreso relacionadas con el Ministerio del Interior, entre ellas una petición de comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, por los privilegios concedidos a familiares de presos condenados por terrorismo en pleno estado de alarma, al poder desplazarse del País Vasco hasta la cárcel de Picassent (Valencia) y mantener allí una comunicación con los encarcelados, también prohibida en esa fase de la pandemia.

Concretamente, se pide al responsable de Instituciones Penitenciarias que dé cuenta en la Cámara Baja de los criterios seguidos en la aplicación del régimen penitenciario durante el estado de alarma decretado por el Gobierno.

En dichas iniciativas (comparecencia, petición de informes y preguntas al Gobierno), se explica que el pasado sábado 23 de mayo dos personas acudieron a visitar al Centro Penitenciario de Picassent a los condenados por terrorismo Gutiérrez Carrillo y a su pareja, Lizárraga Merino.

Viajaron procedentes del País Vasco donde tienen su residencia, y el encuentro se produjo a través de una cristalera y se permitió pese a que en este Centro Penitenciario no se restablecía el servicio de las visitas hasta el lunes 25 de mayo, siempre que las personas del exterior residieran en la misma provincia en la que se encuentra la prisión.

Desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo las comunicaciones en las prisiones españolas quedaron expresamente prohibidas tanto en reclusos de diferentes módulos como con el exterior a través de los locutorios para frenar la expansión del coronavirus en el ámbito penitenciario.

INFORMES Y PREGUNTAS

Por ello, además de la comparecencia, desde el Grupo Popular se piden a Interior, en virtud del artículo siete del Reglamento del Congreso, “todos los informes y órdenes que permitieron” a dichos familiares desplazarse desde el País Vasco a Valencia para visitar en la cárcel a los condenados, así como “copia de todos los documentos que tengan que ver con los dos reclusos desde enero de 2020).

Además, se han presentado las siguientes preguntas al Gobierno:

1- ¿Cuáles son los motivos por los qué el Ministerio del Interior concede un trato privilegiado a la familia para que pudiera acudir a visitar a sus familiares condenados por terrorismo, desde el País Vasco a distinta Comunidad Autónoma de la ubicación de la cárcel de Picassent, saltándose la prohibición de movilidad que impide ir de unas provincias a otras y mucho más de unas Comunidades Autónomas a otras?

2- ¿Quién permitió dicha autorización?

3- ¿Hubo más autorizaciones de visitas a presos antes del 25 de mayo desde que se decretó el Estado de Alarma?

4- ¿En qué Centros Penitenciarios y a qué reclusos antes del 25 de mayo se les autorizó visitas de sus familiares?

La batería de preguntas va suscrita por la Adjunta a la Secretaría General del GPP, Isabel Borrego, la portavoz de Interior, Ana Vázquez, el de Justicia, Luis Santamaría, los vicesecretarios del PP Pablo Montesinos y Ana Beltrán, el portavoz adjunto Carlos Rojas, y los diputados Beatriz Fanjul, Pablo Hispán, Jaime Mateu y María Teresa JiménezBecerril.

HISTORIAL DE LOS DOS CONDENADOS POR TERRORISMO Iñigo Gutiérrez Carillo fue condenado en 2011 a 14 años de prisión por la Audiencia Nacional en el marco del juicio al comando Vizcaya por pertenencia a banda armada y depósito de armas de guerra terrorista.

María Lizárraga Merino fue condenada en noviembre de 2010 a 20 años y un mes de cárcel por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia ilícita de armas de fuego y de componentes de aparatos explosivos, falsificación en documento oficial y hurto y uso de vehículos de motor.