El GPP insta al Gobierno a garantizar el reembolso de los gastos sanitarios de los ciudadanos europeos durante su estancia temporal en España

Por ello, el PP ha presentado y defendido, en la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Congreso, una Proposición no de Ley en la que "pide al Gobierno que adopte las decisiones necesarias de coordinación para que toda prestación sanitaria a ciudadanos de la UE, durante su estancia temporal en España, sea facturada y reembolsada en base a los Reglamentos Comunitarios y Convenios Internacionales".

Esta iniciativa - explicó Moreno - complementaría a las reformas que ya ha abordado el Ministerio de Sanidad como la "redefinición de la condición de asegurado y beneficiario de asistencia sanitaria, condicionada a la vinculación del interesado a la Seguridad Social y la residencia efectiva y legal en España sujeto a límite de ingresos".

De esta manera, argumentó el portavoz popular, se frenaría "la asunción por parte del Sistema Nacional de Salud de determinados costes que probablemente no le corresponde asumir".

En este sentido, el diputado del PP recordó que "el Tribunal de Cuentas pone de relieve la presencia en España de más de 453.000 personas no españolas con tarjeta sanitaria como personas sin recursos, sin comprobar si existía cobertura con cargo a otro Estado y sin verificar ni la residencia ni el nivel de ingresos; lo que supone un coste añadido para el Estado español superior a los 450 millones de euros anualmente".

También, resaltó el portavoz popular, el Instituto Nacional de Seguridad Social constata que "mientras el número de turistas que recibe España representan 4,5 veces más que los turistas que salen al extranjero, la facturación emitida en gasto en Sanidad tan solo es el doble".

Unas cifras, que en opinión de Moreno, se deben a las "negligentes e irresponsables modificaciones legislativas del artículo 12 de la Ley 4/2000 que realizó el Gobierno socialista en 2005 y 2009 en las que extendió el derecho a la asistencia sanitaria a todos los extranjeros, con o sin residencia legal, comunitario o extracomunitario, solo por empadronamiento".

Una decisión que, según el portavoz del PP, chocaba con un artículo de "la directiva sobre la libre movilidad de ciudadanos europeos en el espacio UE-27, que prohibía explícitamente desplazarse a otro país en busca de asistencia sanitaria, lo que nos costó un dictamen motivado de la Comisión Europea contra España".

Esta situación - desarrolló - es el paso previo a una denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo. Algo que el actual Gobierno trata de evitar porque supondría "la paralización inmediata de fondos, y de producirse la condena acarrearía una multa millonaria y que España adoptara las tesis del dictamen motivado, lo que conduciría a la quiebra técnica del Sistema Nacional de Salud".