El GPP insta al Gobierno a dotar de fondos suficientes a las CC.AA. para combatir la crisis sanitaria, la social y la económica

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a dotar de recursos suficientes a las Comunidades Autónomas para hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia provocada por el COVID-19.

Para ello, la propuesta reclama al Ejecutivo la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera y la aprobación de otras siete iniciativas, entre ellas la de devolver las cantidades pendientes de abonar a las Comunidades Autónomas como consecuencia de la no devolución de la liquidación de IVA de diciembre de 2017.

Y también una exigencia, la de que “la suspensión temporal de los objetivos fiscales que aplica la UE a los estados miembro debe extenderse, como no puede ser de otra forma, a las Comunidades Autónomas, de modo que puedan contabilizar este gasto extra al margen de sus presupuestos ordinarios de 2020”.

Las otras medidas son, en primer lugar, la de garantizar que el Fondo de Reconstrucción para las CC.AA., anunciado por el Gobierno y presupuestado en 16.000 millones de euros, asigna suficientes recursos a cada una de ellas mediante un sistema de reparto justo y equitativo, para hacer frente a los gastos derivados de la pandemia en todas sus vertientes, tanto sanitaria como económica, así como suspender la liquidación del año 2020 del Sistema de Financiación Autonómica”.

A continuación, se reclama agilizar “al máximo el reparto a nivel autonómico de los fondos que las autoridades europeas han aprobado para ayudar a los países afectados por la pandemia, así como arbitrar un mecanismo para la rápida ejecución de los fondos estructurales que han sido reprogramados para mitigar el impacto económico y social del COVID-19 y que garantice un incremento del importe actualmente asignado a cada autonomía, sumando así recursos adicionales”.

Además, se señala en el mismo punto que “el nuevo marco fiscal y monetario que plantean las instituciones europeas supone una oportunidad para que la deuda pública autonómica pueda beneficiarse de unas condiciones más ventajosas, sin menoscabar el cumplimiento de las reglas que aseguren una gestión responsable y leal de las finanzas públicas”.

En siguiente lugar, se destaca que si fuese necesario, por no cubrir los fondos adicionales mencionados en los apartados anteriores las necesidades derivadas de la pandemia, habría que modificar urgentemente las reglas de estabilidad presupuestaria para excluir del cómputo de déficit y deuda todos los gastos asociados a la lucha contra la Covid-19, y autorizando el endeudamiento necesario para hacer frente a dichos compromisos. Aquí se recuerda que las medidas de suspensión de objetivos fiscales que aplique la UE a los países miembros, el Gobierno español debe extenderlas a las CC.AA.

Dichas peticiones continuarían con la de “ampliar los plazos de tramitación y pago de impuestos así como agilizar la devolución de los ingresos (por ejemplo: devoluciones del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al año 2019 o anteriores, y de las correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020 en el caso de las devoluciones mensuales) procurando con todo ello mejorar la liquidez de los ciudadanos”.

Se insta al Gobierno, en siguiente lugar, al desarrollo de una coordinación efectiva entre la administración estatal y la autonómica de las políticas financieras, presupuestarias y tributarias que contribuyan a acelerar la Agenda 2030 de la UE y utilizar el Pacto Verde Europeo como una palanca de inversión para el crecimiento económico y el empleo.

Finalmente, la iniciativa, suscrita por la portavoz del GPP, Cayetana Álvarez de Toledo; el portavoz adjunto Mario Garcés y los vicesecretarios del PP Antonio González Terol y Elvira Rodríguez, reclama que se reasignen de nuevo a las CC.AA. “los fondos destinados a políticas activas de empleo que, de forma inesperada y unilateral, el Gobierno ha retenido, de manera que se garantice que no destinará nuevamente recursos que corresponden a las Comunidades Autónomas a cubrir gastos”.

En la exposición de motivos se afirma que las Autonomías se enfrentan al mayor reto sanitario, social y económico de nuestra democracia, y que en el ingente esfuerzo de luchar contra el coronavirus han sido las primeras en implementar medidas pero han estado solas “puesto que el Gobierno de la Nación ha sido incapaz -a pesar de varios anuncios- de dotarlas de recursos adicionales suficientes para que “puedan atender, de manera adecuada, no sólo las actuaciones urgentes, sino todas las medidas que en los próximos meses deberán seguir poniendo en marcha para garantizar la salud y el bienestar social y económico de los españoles que viven en ellas”.

También se denuncia que más de siete semanas después de decretarse el estado de alarma el Gobierno de la Nación solo había puesto a disposición de las Comunidades Autónomas unos 625 millones, cuando el anuncio del Ejecutivo en su día fue el de inyectar 14.000 millones.