El GPP exige al Gobierno que aplace un año el impuesto al plástico, para no encarecer aún más los alimentos ni perjudicar a las familias españolas

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una enmienda a un Proyecto de Ley sobre cesión de tributos en tramitación parlamentaria para intentar conseguir que el Gobierno aplace un año el nuevo impuesto a los envases de plástico no reutilizables, hasta enero de 2024, para no encarecer aún más los alimentos, ya muy afectados por el IPC, y evitar un perjuicio extra a las familias españolas.

Si Sánchez persiste en la aplicación del nuevo gravamen para recaudar más a partir del 1 de enero de 2023 a costa de los consumidores, España sería el único país de la Unión Europea en poner en marcha un impuesto de esta naturaleza de forma inmediata, tras la reciente decisión adoptada por Italia de retrasarlo.

La enmienda registrada por la portavoz del GPP, Cuca Gamarra, subraya que “la entrada en vigor del nuevo impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables causará un encarecimiento adicional de numerosos alimentos ya muy afectados por la continua elevación de precios experimentada en los últimos meses”.

IMPLANTACIÓN PRECIPITADA DEL GRAVAMEN AL PLÁSTICO

Añade que, “por otro lado, la precipitación ha caracterizado la implantación de este tributo, lo que ha provocado reiteradas quejas de los sectores más directamente afectados que denuncian improvisación y falta de información para su adecuada implantación el próximo 1 de enero”.

El GPP considera que la extraordinaria y constante subida de precios está afectando muy especialmente a los alimentos. Y como han denunciado de manera reiterada las empresas de alimentación, este nuevo impuesto supondrá un inevitable encarecimiento de la práctica totalidad de los productos alimenticios con envases de plástico no reutilizables, potenciando así la espiral inflacionista. 

EL IMPORTE SE TRASLADARÍA A LOS CONSUMIDORES

Añade que el proyecto de presupuestos Generales del Estado para 2023 estima en 456 millones de euros la recaudación que podría generar este nuevo gravamen, un importe que se trasladaría en su totalidad a los compradores dada su naturaleza de impuesto indirecto. Esta es la razón principal que ha llevado a todos los gobiernos europeos a descartar o aplazar indefinidamente la implantación de tributos similares.

Además, empresas y expertos han expresado públicamente sus quejas por las dificultades de gestión y las numerosas dudas técnicas que se están planteando a última hora ante una norma singularmente compleja en su diseño y aplicación.