El GPP exige al Gobierno que aclare qué datos pide a los operadores, su destino y el resultado que busca con la aplicación informática sobre el COVID-19

El Grupo Parlamentario Popular ha exigido al Gobierno que aclare qué datos pide a los operadores, su destino y el resultado que busca de los mismo con la aplicación informática que proponen sobre el COVID-19.

Según recuerda el GPP, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, acaba de publicar una orden Ministerial (BOE-A-2020/-1482 de 27 de Marzo) para desarrollar una aplicación informática que permita obtener los datos de movilidad de toda la población en España en los días previos y durante el confinamiento, para su análisis posterior, con la petición expresa de dichos datos a los operadores de telefonía móvil.  

Algo que el GPP califica de despropósito, ya que en países como China, Italia o EEUU sus gobiernos han desarrollado plataformas informáticas que utilizan Webs y Apps para la geolocalización y seguimiento de personas afectadas por el COVID-19 y que voluntariamente se han registrado en dichas aplicaciones.

Sin embargo, el Gobierno de España ordena (SND/297/2020) que los operadores móviles suministren los datos de localización de la población, con el fin de tener un mapa del histórico de movilidad de todos los ciudadanos antes y durante el confinamiento.

El Grupo Parlamentario Popular considera que, con esta medida, el Gobierno no establece qué datos concretos se van a pedir, ni que indicadores se pretenden medir con esta adquisición de datos, cuya encomienda ha sido dirigida a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en lugar de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, cuyas competencias son las redes y servicios de telecomunicación

La adquisición de datos de geolocalización de la población a través de algo tan personal como lo es un dispositivo móvil de usuario y, más aún, su tratamiento con algoritmos de inteligencia artificial, puede suponer la generación de información agregada con propósitos distintos a los que parece indicar la Orden Ministerial y que generan una alarma social en la propia libertad de los ciudadanos.

La falta de concreción de la actuación que pretende el Gobierno no permite conocer la información que se va a pedir a los operadores de telefonía móvil ni tampoco cuáles van a ser los indicadores que se pretenden medir tras el tratamiento de estos. El Gobierno tampoco deja claro en qué momento cesará esta petición de datos de geolocalización de los ciudadanos que residen actualmente en España.

El Gobierno llega muy tarde a una solución tecnológica para la monitorización de la epidemia en la población y lo hace con una medida que supondrá un desgaste excesivo de los recursos humanos de la administración y de las empresas de telecomunicaciones móviles que operan en España sin tener claro cuál es el resultado que espera obtener y en qué va a ayudar a la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Por todo ello, el Grupo Popular avisa que va a estar vigilante de que se cumplan las condiciones de protección de datos, de tratamiento de los mismos y de utilización de recursos para el resultado que se vaya a obtener y que deberá ponerse al servicio de la ciudadanía. En este sentido, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, el portavoz adjunto del GPP Mario Garcés, y los diputados populares Juan Luis Pedreño y Mario Cortés han presentado la siguiente batería de preguntas escritas:

- ¿Qué información exacta va a pedir el Gobierno a los operadores de telefonía móvil en España?

- ¿Cuál es el resultado específico que se quiere obtener y qué indicadores se han establecido para ello?

- ¿Habrá algún tratamiento con aplicaciones de Inteligencia Artificial o de otra índole para extraer algún tipo de información adicional?

- ¿Cómo va a garantizar el Gobierno el cumplimiento de la normativa respecto a la Protección de Datos?

- ¿Va a cesar la petición de datos a los operadores móviles cuando finalice el confinamiento total que está dispuesto ahora mismo en España, o por el contrario, se podrá seguir realizando cuando las condiciones de confinamiento se modifiquen?

- ¿Cómo puede el Gobierno de España geolocalizar a cada ciudadano, cuando los datos solicitados a los operadores de telecomunicaciones son anonimizados?

- Para el caso de la aplicación App informática referida en dicha orden, ¿debe el ciudadano dar su consentimiento para poder usarla?

- ¿En caso de instalar dicha aplicación, tiene el ciudadano derecho a darse de baja y renunciar a su uso?