El portavoz de Transportes del GPP, Héctor Palencia, reprocha al ministro Puente su incompetencia ante “el continuo caos” que sufren los usuarios del tren, que padecen retrasos, falta de aire acondicionado y de calefacción y aglomeraciones
Recrimina a Puente que su Ministerio “lleva tiempo acumulando casos que dejan en evidencia su ineficacia y una alarmante falta de ética”, a tenor de las personas de su confianza que han resultado imputadas por sus vínculos con la trama corrupta que cerca al Gobierno de Sánchez
Afirma que la investigación interna de Puente sobre las acusaciones de Aldama ha quedado en “un burdo intento”, y recuerda que los audios y la investigación judicial demuestran el intento de amañar un contrato en Ávila por parte del director de carreteras señalado por Aldama ante el TS
“Están hasta el cuello de corrupción”, advierte a Puente, a quien equipara con Ábalos “en usos y costumbres” al frente del Ministerio • Destaca su triple reprobación -por el Congreso, el Senado y por los ciudadanos en el CIS-, y le echa en cara que ignore los mandatos parlamentarios que, a propuesta del GPP, “piden volver a los criterios anteriores de puntualidad e indemnizaciones para los viajeros en RENFE, un plan de choque contra el caos ferroviario y un plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias”
Dos meses después del accidente de Atocha, denuncia que sigue sin responder a dos cuestiones fundamentales: “¿Por qué se usó el tramo con más pendiente de la red de alta velocidad en España para remolcar el tren? ¿Por qué se realizó la maniobra habiendo tráfico de pasajeros?”
Exige también explicaciones a Puente por su gestión de las riadas y que aclare “por qué no dio la orden de cortar las carreteras de su competencia, como la A3 y la A7, donde miles de personas quedaron atrapadas”
Acusa al Gobierno de excluir de las ayudas directas a miles de damnificados por las riadas y le reclama incluir a todos, aunque su lugar de residencia no sea el de las zonas afectadas
Pide al Ejecutivo que asuma el 50% del coste de la reconstrucción de las infraestructuras públicas de titularidad autonómica, y que apruebe la gratuidad del abono de transporte a la población de las zonas afectadas durante seis meses ampliables
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