El GPP cree “misión imposible” apoyar los objetivos de déficit del Gobierno dada su poca credibilidad, los riesgos de insostenibilidad y el abuso del procedimiento legislativo

En el Pleno del Congreso

Logo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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El portavoz de Hacienda del GPP en el Congreso, Pedro Puy Fraga, alega razones “intrínsecas” a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para rechazar el documento del Ejecutivo, porque los datos acreditan que las cuentas públicas no son sostenibles a largo plazo 

A este respecto, pone sobre la mesa el informe de julio de la AIREF sobre ejecución presupuestaria, deuda pública y gasto en el ejercicio de 2024, en el que advierte “del deterioro de la situación fiscal” de las Administraciones Públicas a medio plazo, que implicará un ajuste de 10.700 millones solo este año 

Asimismo, indica que el documento del Ejecutivo no contempla gastos como el del incremento de la inversión en Defensa hasta el 2%, lo que obligará a un esfuerzo de 10.000 millones anuales puesto que “España es el país con menor presupuesto en esta materia, con una aportación del 1,28% del PIB” 

De igual modo, alerta de que el reparto de la deuda entre CC.AA. y el Estado puede ser “papel mojado” en el momento en el que el Ejecutivo pacte con sus socios cualquier medida que implique la condonación de la deuda a una Comunidad, que “afectará al reparto entre administraciones territoriales”

La segunda razón que desaconseja apoyar los objetivos de déficit de Sánchez es meramente económica, pues “el déficit estructural está en el 4% mientras las nuevas reglas fiscales marcan el 1,5%”. Además, “España es el primer país europeo con un 2,9% de incremento de la presión fiscal, y toda la mejora de la recaudación se debe básicamente a la inflación” 

Señala que si la economía creciese como “un cohete” el Gobierno debería aprovechar esta supuesta bonanza para reducir la deuda pública, en cambio la rebaja “tres veces menos” que un país vecino como Portugal 

La tercera y última razón es política, pues “el Gobierno no ha mantenido ni un solo contacto sobre el techo de gasto con el primer partido de España, sabiendo que el plan fiscal estructural a medio plazo va a comprometer al menos a dos gobiernos”, además de cargarse en el Senado la norma que le permitía hablar con el Partido Popular