Arturo García-Tizón señala que el PP no dará su apoyo a aventuras y singularidades insolidarias que en nada contribuyen a la solución.
El presidente de la Comisión Constitucional, Arturo García-Tizón, subrayó hoy que "tanto en el Debate sobre el Estado de la Nación como en las propuestas de resolución presentadas tras el mismo, el Grupo Popular ha convocado y convoca al resto de fuerzas políticas a realizar un trabajo serio y profundo" para solucionar el problema de la corrupción, que "es un problema de toda la sociedad"
El diputado popular destacó que su Grupo "seguirá trabajando junto al Gobierno y los Grupos que quieran sumarse de verdad a dar una respuesta acorde con la gravedad del problema y no dará su apoyo a aventuras y singularidades insolidarias que en nada contribuyen a solucionarlo".
Así se expresó durante su intervención en el Pleno del Congreso para fijar la posición del Grupo Popular en la Proposición de Ley Orgánica presentada por la Izquierda Plural para la lucha contra la corrupción. García-Tizón recordó que esta iniciativa "tiene lugar a los pocos días de haberse celebrado el Debate sobre el Estado de la Nación y la aprobación de distintas resoluciones con motivo del mismo" y que, en dicho Debate, el presidente Rajoy manifestó que "es un problema que alarma a los ciudadanos y que debe perseguirse tan pronto como aparezca y tantas veces como sea preciso".
Resolución sobre regeneración democrática
Tras el Debate sobre el Estado de la Nación, continuó, "a iniciativa del Grupo Popular y con un amplio acuerdo con otras formaciones políticas, se aprobó una resolución sobre la regeneración democrática y transparencia que contemplaba un acuerdo entre las fuerzas políticas con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción fueran precisas". "Esta resolución, que obtuvo una amplia mayoría en la cámara, no recibió sin embargo el apoyo del grupo de la Izquierda Plural", recalcó.
Para García-Tizón, se ve que en aquel momento al Grupo de la Izquierda Plural "el tema no le interesaba y no le pareció bien sumarse a ese acuerdo mayoritario en el que se contemplaron medidas de un tono similar a las que hoy nos trae, y algunas otras más que no se recogen en su iniciativa".
"La Izquierda Plural ha preferido realizar su propuesta en solitario, sin el concurso de ninguna otra fuerza política, no lo han estimado necesario ni conveniente", pero sin embargo, "hoy nos piden a los demás grupos políticos que apoyemos su iniciativa, que nos olvidemos y hagamos caso omiso a lo que aprobamos el 26 de febrero y que nos sumemos a su minoritaria posición".
"Esta forma de proceder no nos parece ni seria ni la consideramos posible", aseveró. "Queremos contribuir al acuerdo entre todos pero no a que una fuerza política minoritaria que no se ha sumado al acuerdo de la mayoría dicte los tiempos y las fórmulas en esta materia, y queremos dejar también al Gobierno que vaya realizando el trabajo que le encomendó el Congreso y traiga a la Cámara las respectivas modificaciones legales de tal manera que podamos estudiarlas una a una y con la profundidad y el rigor que el tema requiere y no en un apresurado ejercicio legislativo ómnibus, que mucho me temo lo único que pretende es hacerse con un titular informativo sin mayores pretensiones de reforma real de la situación vigente", añadió.
Por estas razones, señaló, el PP "no apoyará la toma en consideración de esta Proposición de Ley Orgánica". "Además, si con lo anterior no bastara, el examen particularizado de las propuestas que contiene la iniciativa no ayuda tampoco a formar un criterio favorable sobre la misma", explicó.
Fallos de la iniciativa
Entre las deficiencias de la propuesta, García-Tizón enumeró que atribuye naturaleza de Ley Orgánica a materias y normas que no requieren este carácter especial, como son las modificaciones que propone de la Ley del Suelo, la Ley de Bases o la Ley de contratos del sector público. Asimismo, no respeta muchas de las competencias propias de las Comunidades Autónomas, como la ordenación del territorio, la aprobación de los planes de ordenación urbana o materias de disciplina urbanística.
Por otra parte, contempla la modificación de algunas normas que ya están derogadas, como son alguno de los preceptos de la Ley del Suelo; no hay nuevas aportaciones en las materias y normas que pretenden modificar, como son los artículos del Código Penal a los que se refiere la iniciativa; y la modificación que propone en la regulación de los conflictos de intereses de miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado "o bien es innecesaria porque su determinación está ya contemplada en la Ley de Transparencia o bien altera de forma improcedente el principio de separación de poderes".
En definitiva, concluyó, "se trata de una iniciativa legislativa oportunista, poco rigurosa y falta de consistencia que impide articular sobre la base de la misma un adecuado y coherente conjunto de medidas para luchar contra la corrupción, que disgrega innecesariamente la resolución adoptada mayoritariamente por esta cámara el pasado día 26 y deja en el aire muchas cuestiones importantes".