La corporación de RTVE se encuentra en situación de desgobierno tras sucesivas dimisiones de los presidentes y miembros del consejo.
Esta situación provoca problemas graves en la gestión de la corporación que hacen imposible cumplir con el programa de austeridad previsto para este ente público, y se encuentran, además, en la imposibilidad de presentar sus cuentas anuales y sus presupuestos.
El presidente de RTVE lo seguirá eligiendo las Cortes, bien por mayoría de dos tercios, o bien por mayoría absoluta en segunda votación:
Esta medida ya se incluía como una disposición adicional transitoria en la ley del ente de 2006: "si en 2006 esto no suponía un golpe institucional, como dice ahora el PSOE, en el año 2012 tampoco".
El Gobierno evitará abusos y despilfarro en la dirección del ente público reduciendo el número de consejeros y eliminando sus sueldos:
Se reducirán de 12 a 9 el número de miembros del consejo de la corporación. Los consejeros ya no tendrán una dedicación exclusiva y por lo tanto no recibirán una remuneración equivalente a esta exclusividad. Sólo cobrarán dietas por la asistencia al consejo.
Sólo el presidente mantendrá su dedicación exclusiva al puesto.
Las CCAA podrán elegir libremente cómo gestionar sus televisiones públicas
El Gobierno amplía la flexibilidad de las CCAA para que decidan si quieren mantener o no sus televisiones autonómicas:
En el caso de que una comunidad sí quiera seguir contando con una televisión autonómica, podrá decidir si gestionarla o sacarla a concurso y privatizarla. En ambos casos, deberá equilibrar ingresos y gastos de acuerdo a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
En el caso de que una comunidad no quiera mantener su televisión deberá sacar a concurso su frecuencia.
Supone una medida de austeridad importante al servicio de las CCAA y que amplía su libertad de gestión y decisión:
Responde a las peticiones de muchas Comunidades Autónomas. Garantiza una mayor eficacia y eficiencia en el modelo de gestión de las televisiones autonómicas. Se trata de un proyecto de ley que el Gobierno lo tramitará por el procedimiento de urgencia.