El Gobierno sigue retrasando la aprobación del Plan Estatal de Protección ante el Riesgo Sísmico

Los diputados del PP Inmaculada Bañuls e Ignacio Cosidó han presentado sendas preguntas al Ejecutivo en las que se exige a éste que no retrase más la aprobación del Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico

Ambos parlamentarios denuncian que el citado Plan tenía que haberse aprobado, por acuerdo del Consejo de Ministros, antes de finalizar el año 2009, según contestación del Gobierno a una pregunta escrita del Grupo Parlamentario Popular.

Sin embargo, explican que una vez más sigue retrasándose su aprobación, por lo que España sigue sin disponer de un Plan Estatal que establezca la organización y los procedimientos de actuación de los servicios del Estado y, en su caso, de otras entidades públicas y privadas, para asegurar una respuesta eficaz ante las diferentes situaciones sísmicas en las que esté presente el interés nacional.

Asimismo, recuerdan que ya en febrero de 2006 la Comisión de Interior del Congreso aprobó una Proposición no de Ley sobre riesgos sísmicos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que se instaba al Gobierno a elaborar un Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico que pudiera ser aprobado por el Gobierno de la Nación en el plazo más breve posible.

También señalan los parlamentarios del PP que existe una Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, pendiente de debate en la Comisión de Interior del Congreso aunque se registró en junio de 2009, en la que se insta al Gobierno a aprobar cuanto antes el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico. En dicha proposición también se pide al Gobierno que el mencionado Plan incluya medidas específicas para garantizar la seguridad y protección de las personas con discapacidad y que se elabore un programa de educación y concienciación ciudadana sobre el riesgo sísmico.

España está situada en un área de actividad sísmica de relativa importancia, esencialmente en zonas de Andalucía, Aragón, Islas Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Baleares, País Vasco, Ceuta, Melilla y las provincias de Albacete, Alicante y Valencia, según señala la citada Directriz Básica.