El Gobierno reformará la administración para hacerla más austera y eficiente

El Gobierno de Mariano Rajoy ha recuperado la austeridad como principio básico de la administración general del Estado.
En el seno de la administración central, el Gobierno ha reducido:
- Ministerios, direcciones generales y secretarías de Estado.
- Los sueldos de los altos cargos y el número de consejeros.
- Organismos supervisores, empresas y fundaciones públicas. o Las subvenciones públicas a partidos políticos y sindicatos.
- Coches oficiales, escoltas, dietas, teléfonos móviles...
El Programa de Estabilidad prevé un ajuste del gasto público extraordinario para evitar que se vuelva a repetir el desfase presupuestario socialista.

Los gobiernos del PP están comprometidos con el rigor en las cuentas y la eliminación de duplicidades.
Las CCAA ya han presentado sus planes para ajustar sus presupuestos a la estabilidad económica.
En Sanidad, el Gobierno ha presentado una cartera de servicios comunes para todas las CCAA.

El Gobierno comienza hoy a diseñar la refoma de los ayuntamientos para eliminar duplicidades y racionalizar su funcionamiento.
Esta reforma pretende racionalizar el gasto de los ayuntamientos, bajo la máxima: "una competencia, una administración".
Uno de los objetivos es evitar la rivalidad entre Estado, CCAA y ayuntamientos que lleve a asumir prestaciones de servicios que no son de su competencia o que no son económicamente sostenibles.
En este sentido, es fundamental que la atribución de competencias esté ligada a la capacidad financiera de cada entidad.
El Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias estudiarán estos puntos para llegar a una conclusión en los próximos días.

Los funcionarios tendrán unos objetivos de productividad ligados a su sueldo para conseguir un servicio público más eficiente.
El Gobierno estudia imponer la retribución variable por objetivos y desempeño a todos los funcionarios, empleados laborales y eventuales del Estado, de las autonomías y de los ayuntamientos.
El objetivo es ahorrar costes e incrementar la productividad en las administraciones públicas.
Quienes cumplan los objetivos que se hayan fijado seguirán cobrando lo mismo, aunque no se descartan aumentos puntuales. Por contra, quienes no cumplan, verán reducida su remuneración.
La retribución variable supone actualmente entre el 15% y el 20% de los sueldos de los trabajadores públicos.