"El Gobierno debe utilizar la ley para disolver los ayuntamientos que apoyen y enaltezcan el terrorismo"

El portavoz popular realizó estas declaraciones en una pregunta al secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, en la Comisión de Entidades Locales del Senado, donde preguntó cuándo tiene previsto el Ejecutivo remitir a las Cortes la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local, que permita impedir el gobierno de ayuntamientos por parte de formaciones ilegalizadas.

Durante su intervención, Luis Peral recordó la respuesta remitida por el Gobierno a una pregunta escrita, el pasado mes de octubre, donde se detallaban las modificaciones en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que se estaban elaborando en aquellos momentos, "pero la realidad es que los efectos de la modificación de dicha Ley no pueden ir mucho más allá", señaló.

"Ha quedado demostrado que personas con una trayectoria inequívoca en ETA-Batasuna no han podido presentarse a las elecciones, pero se han presentado otras personas designadas por ellos y el resultado es que Bildu gobierna en estos momentos en 88 ayuntamientos del País Vasco y Navarra", denunció el senador del Partido Popular.

En su opinión, "las primeras actuaciones de Bildu en las corporaciones que gobiernan no pueden ser más preocupantes". Peral aseguró que "una parte de España, Guipuzcoa, está gobernada por una coalición dominada por Batasuna que no tiene reparos en manifestar su deslealtad a España y a la Constitución, y su propósito de poner a Guipuzcoa al servicio de la causa de la secesión".

El portavoz de Interior del Grupo Popular afirmó que la legalización de Bildu "no ha podido salir peor" y añadió que "quienes facilitaron la llegada de Bildu a las instituciones democráticas con sus negociaciones, con sus presiones o con sus resoluciones, tienen que hacer frente ahora a una gran responsabilidad ante España y los ciudadanos españoles, pero fundamentalmente frente a los ciudadanos que habitan en el País Vasco".

Por último, Peral apuntó que "sólo nos queda ahora reconocer el daño causado, defender la presencia del Estado, de sus símbolos y de sus representantes en esa parte de España y utilizar todos los recursos que nos facilitan las leyes, modificándolas si fuera preciso, para disolver aquellas Corporaciones Locales que apoyen o enaltezcan al terrorismo o menosprecien y humillen a sus víctimas, como establece el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local".