l PP quiere que el Congreso inste al Gobierno a impulsar un escenario de seguridad jurídica en Internet, que garantice un equilibrio entre, por un lado, la protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual y, por otro, el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El PP recuerda en la Exposición de Motivos de la iniciativa que el Pleno del Congreso aprobó en noviembre de 2008, con el acuerdo de los distintos grupos parlamentarios, una Proposición no de Ley por la que, en consonancia con las Conclusiones del Consejo Europeo de Ministros de Cultura de 20 de noviembre de 2008 sobre el desarrollo de las ofertas legales de contenidos culturales y creativos en línea, y a la prevención y la lucha contra la piratería en el entorno digital, se instaba al Gobierno a impulsar, en el marco de la Comisión Intersectorial contra la Piratería, una estrategia consensuada y eficaz para hacer frente a las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, sobre la base del acuerdo de todos los sectores implicados: industria de contenidos, operadores de Internet, consumidores y usuarios.
Dicha estrategia había de garantizar un justo equilibrio en el ejercicio de los diversos derechos fundamentales, particularmente el derecho a la protección de los datos personales, la libertad de expresión y de acceso a la información y el secreto de las comunicaciones, y a la propia defensa de la propiedad intelectual. Asimismo -continuaba la resolución- esta actuación debía ser complementada con la promoción del respeto de los derechos de propiedad intelectual y el respaldo al desarrollo de nuevos mercados y nuevos modelos de comercialización en la industria cultural, plenamente adaptados al entorno digital.
El PP denuncia que sin embargo el Gobierno, lejos de dar cumplimiento a la iniciativa mencionada y a los futuros trabajos de la Subcomisión parlamentaria, acuerda casi un año después, en el Consejo de Ministros de 9 de octubre de 2009, la creación de una Comisión Interministerial para el asesoramiento en la lucha contra la vulneración de los derechos de la propiedad intelectual mediante páginas de Internet con el objeto de que se dedique de forma prioritaria al estudio relativo a las citadas vulneraciones.
Dos meses más tarde, sin contar con el consenso al que la resolución parlamentaria le instaba, el Gobierno inserta en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, aprobado por el Consejo de Ministros de 27 de noviembre, una disposición por la que se incorpora como una novedad esencial en la lucha contra la "piratería" en Internet la posibilidad de cerrar las páginas web que vulneren derechos de propiedad intelectual sin necesidad de autorización judicial (Disposición Final Primera).
Además, el PP asegura que se ha puesto en evidencia también que cualquier intervención que pueda suponer un límite o menoscabo de los derechos de los ciudadanos deberá contar siempre con la debida supervisión y control de la autoridad judicial como máximo garante de la legalidad de la actuación de los poderes públicos, así como de la debida tutela judicial efectiva, impidiendo de esta forma actuaciones arbitrarias o irregulares que atenten contra la libertad y los derechos de los ciudadanos.
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