El Ejecutivo dice que no conoce las manifestaciones del Gobierno de Cataluña en las que la Generalitat anunciaba que no acataría la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a implantar el bilingüismo en su sistema educativo.
Todo comenzó el 18 de febrero de este año, cuando el senador Peral, tras conocer en los medios de comunicación la pretensión del Gobierno de Cataluña, registró una pregunta escrita con el siguiente texto: "¿Qué valoración le merece al Ministerio de Educación y qué actuaciones va a realizar la Alta Inspección Educativa del Estado ante la manifestación por parte del Gobierno de Cataluña de no acatar la sentencia del Tribunal Supremo que ampara el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en su lengua materna castellana?".
El senador popular tenía interés en recibir explicaciones del Gobierno, ante un anuncio inaceptable, en un Estado de Derecho, como es el de no acatar y no aplicar, por parte de una Administración pública, una sentencia judicial emitida, nada menos que por el Tribunal Supremo. Asimismo, el PP, con su pregunta parlamentaria, se hacía eco de numerosas iniciativas cívicas de organizaciones sociales catalanas, que vienen defendiendo, junto con el propio Partido Popular, la existencia de un bilingüismo real en Cataluña y la posibilidad de que los padres que lo deseen puedan escolarizar a sus hijos en centros educativos en los que el castellano sea lengua vehicular.
La sorpresa de Luis Peral fue, al recibo de la respuesta parlamentaria, mucho tiempo después de vencido el plazo preceptivo para la misma, cuando comprobó que el Gobierno se escudaba, para no respaldar ni criticar el inaceptable anuncio de la Generalitat, en su desconocimiento del mismo, lo que resulta altamente improbable, a la luz de la trascendencia mediática que tuvo.
En su respuesta escrita, con fecha 25 de abril, el Gobierno dice textualmente: "Por parte de la Alta Inspección, no se tiene constancia de manifestaciones en ese sentido y el artículo 118 de la Constitución dispone la obligatoriedad de cumplir las sentencias de Jueces y Tribunales". En opinión de Luis Peral, "la alegación de desconocimiento es increíble y la segunda parte de la respuesta una obviedad, lo que nos llena de insatisfacción y requiere una explicación en condiciones, porque el Gobierno no puede seguir escondiéndose en un asunto que afecta a muchos ciudadanos de Cataluña que se sienten desamparados".
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