La diputada del GPP, Irene Garrido, señala que, antes de ser presidente, Pedro Sánchez pedía “acabar con la colonización de las instituciones y sustituir la afinidad por el mérito y la capacidad” y, sin embargo, hoy en día tiene más de 50 instituciones asaltadas por él, y la nueva autoridad no sería una excepción”
Denuncia la incapacidad del Gobierno de mantener “una mínima independencia y neutralidad de las instituciones” y recuerda al ministro Carlos Cuerpo “que intentó forzar a su dimisión a una consejera del Banco de España” para colocar a un afín
Defiende que lo más importante es garantizar la independencia efectiva de los órganos supervisores y cree que la nueva autoridad que se busca crear con este Proyecto de Ley “no sería una excepción a esta vergonzosa colonización de las instituciones”
Cree que se puede proteger a los clientes financieros, en especial los más vulnerables, como personas mayores, “sin realizar una reforma administrativa de tanto calado y con un coste tan elevado”
Apunta que desde el PP siempre se ha defendido un modelo basado en dos instituciones: una encargada de la solvencia, liderada por el Banco de España, y otra responsable de velar por la conducta ética de las compañías, a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "Esta solución sería más sencilla y económicamente más eficiente", explica
Sostiene que la Directiva 23.11 en la que se ampara el Proyecto de Ley “no exige crear una nueva autoridad centralizada, sino que solo promueve entidades independientes como alternativa a los tribunales”, al tiempo que cuestiona la necesidad de duplicar estructuras ya existentes.
Subraya que las competencias que se pretende dar a esta autoridad “ya las ejercen el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros”, y añade que el Gobierno podría optar por reforzar los órganos actuales en lugar de crear uno nuevo