Foronda afirma que la fiscalización de los contratos de emergencia durante la crisis sanitaria del COVID carecen de rigor

Salvador Foronda, senador del Grupo Parlamentario Popular por Burgos, afirma que la fiscalización que ha llevado a cabo el Tribunal de Cuentas sobre los contratos de emergencia de los ministerios, ante la crisis sanitaria de 2020 por el Covid-19, “carece de rigor y ampara las actuaciones de personas que tenían responsabilidades políticas”.

Durante la comparecencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, en la Comisión Mixta para las Relaciones con dicho Tribunal, el senador del PP asegura que el informe de fiscalización contiene “interpretaciones contrarias al derecho”. 

Según explica Foronda, el Tribunal de Cuentas “ha obviado los principios de publicidad y trasparencia que deben regir en toda contratación del sector público, independientemente de la declaración de urgencia”. 

Destaca que en los informes de fiscalización en relación a los contratos de emergencia celebrados en 2020 para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en especial los ministerios del Área Político-Administrativa del Estado y sus organismos autónomos, figuran 24 contratos en donde no se incluye ningún documento de formalización.

En este sentido, Salvador de Foronda denuncia que el Tribunal “está incumpliendo la obligación comunicada”, ya que existen 39 expedientes que no se comunicaron y 4 que no se justificaron al órgano de contratación.

“No sabemos cuál era el objeto social y la solvencia de las empresas adjudicatarias”, remarca el senador popular, motivo suficiente para considerar los contratos “nulos de pleno derecho”. 

Como ejemplo, Foronda se refiere a los 5.040.000 euros a justificar que concedió el Ministerio del Interior para la compra de material. “El importe contratado fue de 3.479.355 euros, pero en el expediente sólo figura un reintegro de 142.157 euros, por lo que han quedado sin justificar 1,418.478. ¿Dónde está ese dinero?”, se pregunta el dirigente popular. 

También resalta que “en los contratos realizados a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, se han identificado entidades cuyas prestaciones objeto del contrato no formaban parte del objeto social de la empresa”. 

Por otra parte, Salvador de Foronda pone en valor la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza del pasado mes de marzo, en referencia a una de las empresas adjudicatarias y que el Tribunal de Cuentas omite: “Existió una contratación pública con un modus operandi rodeado de severos interrogantes jurídicos y con elusión de requisitos que, aún en los casos de extrema emergencia, eran exigibles a los operadores públicos”. 

Por último, Foronda destaca el contrato número 89 del Ministerio de Educación, que no fue publicado en el BOE. Así, explica que en el período de alegaciones la entonces ministra, Isabel Celaá, manifestó que no tenía que ser publicado en el BOE de acuerdo al artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, pero el propio Tribunal de Cuentas “no admitió esa alegación y no ha pasado nada”.