La Eurocámara pacta la reforma del sector de las telecomunicaciones

En su opinión, el acuerdo supone "un primer gran paso adelante en la protección de los derechos de los internautas, porque las otras instituciones no querían ni hablar del tema, y ha sido la determinación del Parlamento Europeo la que ha forzado que se debatieran los límites que Gobiernos y operadores tienen que respetar a la hora de restringir el acceso a Internet".

Las condiciones bajo las cuáles se podría restringir el acceso a Internet era el único punto que paralizaba desde el pasado mayo este ambicioso paquete legislativo, compuesto por dos directivas y un reglamento, para incrementar la liberalización del sector de las telecomunicaciones, mejorar de manera significativa los derechos de los usuarios y crear un organismo europeo de cooperación de los reguladores nacionales.

Los gobiernos europeos rechazaban una enmienda aprobada por el Parlamento Europeo en segunda lectura en la que se establecía que el acceso a Internet sólo podía ser restringido con una orden judicial.

Este tema, cuyo contenido no estaba contemplado en la propuesta original, provocó que se abriera el llamado "procedimiento de conciliación" entre el Parlamento Europeo y el Consejo de ministros de la UE para intentar cerrar un acuerdo sobre esta reforma trascendental para un sector que supone el 3 por ciento del PIB de la UE y de cerca de la mitad de los aumentos de productividad de la economía europea en los últimos años.

El punto de discordia reside en que la adopción de la enmienda aprobada por el Parlamento Europeo impondría una armonización de los sistemas judiciales de los 27 países de la UE, por lo que va más allá de las competencias otorgadas que tienen las instituciones comunitarias en este tipo de legislación sobre mercado interior, basada en el artículo 45 del Tratado.

De hecho la adopción de norma tal y como aprobó el Parlamento Europeo no garantizaba ninguna protección a los usuarios de Internet a los que se privara de acceso a Internet, toda vez que la disposición podría ser anulada por el Tribunal de Justicia de la UE en el primer recurso que se presentara.

Varios dictámenes jurídicos que confirmaban esta tesis, obligaron a la Eurocámara a modificar su estrategia y negociar con los gobiernos un pacto para que la legislación contemplara, en cualquier caso, la máxima protección posible de los derechos de los usuarios y estableciera el principio básico de que el acceso a Internet es un derecho fundamental y, como tal, debe regirse por los principios establecidos en la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.

La Eurocámara también defendió que cualquier decisión de cortar el acceso a Internet debe ser el resultado de un procedimiento imparcial previo donde se respete el principio de presunción de inocencia y el derecho a ser escuchado; así como el derecho a la privacidad de los usuarios.

Tras el acuerdo alcanzado hoy, el pleno del Parlamento Europeo debe aún dar visto bueno al pacto en una última votación que tendrá lugar en el pleno del próximo mes de diciembre. En el caso de que el pleno no secundara el acuerdo logrado debería comenzar de nuevo el procedimiento legislativo con una nueva propuesta, lo que retrasaría al menos dos o tres años esta reforma capital para el sector de las telecomunicaciones.