El Estatuto del Alto Cargo ofrecerá mecanismos suficientes de prevención, control y sanción

El portavoz de Constitucional del Grupo Popular en el Congreso, Pedro Gómez de la Serna, afirmó hoy que el Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado ofrecerá "garantías y mecanismos suficientes de prevención, control y sanción de los altos cargos de la Administración General del Estado".

Asimismo, añadió que la norma "se enmarca en un paquete de regeneración democrática que es revolucionario en la historia democrática española", al tiempo que aportará "mucha calidad institucional a la realidad de nuestros altos cargos".

En su intervención en el debate para la ratificación de la Ponencia de dicha norma, Gómez de la Serna aseguró que "nadie lo había hecho ni con esa amplitud, ni con esa profundidad, ni con ese carácter multidisciplinar". Así, defendió que el Gobierno del PP "cumple con sus compromisos de regeneración en los términos estrictos en los que comprometió el presidente Rajoy desde 2013".

"Este es el primer Gobierno de la democracia española que ha tenido el arrojo de presentar un plan integral de regeneración democrática", dijo el portavoz popular, quien advirtió que "lo novedoso en España no es el fenómeno de la corrupción, sino que por primera vez en casi cuarenta años hay un Gobierno que ha presentado un paquete integral de regeneración democrática".

También señaló que "aunque hay aspectos que no están contemplados en este Proyecto de Ley porque materialmente no correspondan, si esos asuntos han sido comprometidos por el presidente del Gobierno en sesión plenaria, comprometidos están".

Programa Nacional de Regeneración Democrática
Gómez de la Serna explicó que el programa nacional de regeneración democrática tiene tres ejes fundamentales y el primero de ellos, aparte de la Ley de Transparencia que ya fue aprobada, es el proyecto de ley de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, el segundo es un importantísimo paquete de reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el tercero que es el Proyecto de Ley reguladora del Estatuto del Alto Cargo de la Administración General del Estado, que hoy se ha debatido.

El portavoz del PP destacó los "aspectos muy novedosos e importantes" que contiene la Ley y que "van a garantizar una mayor idoneidad de nuestros altos cargos". En este sentido, se refirió a la creación del "concepto de la idoneidad para ser alto cargo", que hasta el momento no existía, y que se hace depender de tres circunstancias también novedosas: tener la honorabilidad, tener la formación y tener la experiencia de los puestos desempeñados con anterioridad.

Respecto a la honorabilidad, detalló que "se tasan una serie de causas que implican su pérdida, como el haber sido condenado por sentencia firme a pena privativa de libertad y delitos especialmente graves, así como haber sido sancionado por vulneración de la Ley de Transparencia".

Además, indicó que esta norma "restringe, y mucho, los supuestos de indemnización al cese e incompatibiliza las indemnizaciones que se perciban con todo tipo de retribuciones, públicas, privadas o de jubilación". "La Ley regula y restringe también el uso de los vehículos oficiales a las estrictas obligaciones del cargo y a razones de seguridad, no a otras, y también restringe notablemente el uso de los gastos de representación", subrayó.

Gómez de la Serna destacó también que la norma "mantiene un esfuerzo notable en materia de conflictos de intereses y considera interés personal no sólo el propio del alto cargo, sino el de sus familiares hasta cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad". "Contiene –dijo- el criterio que habría impedido a Tania Sánchez actuar como actuó en el ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid".

Asimismo, el portavoz popular señaló que "la Ley crea además un sistema de alerta temprana en materia de conflictos de interés para crear procedimientos para que los altos cargos no puedan llegar a intervenir cuando se pueda entrar en riesgo de conflicto" y "establece que durante los dos años posteriores al cese el alto cargo no podrá en ningún supuesto prestar servicio en entidades privadas afectadas por decisiones en las que el alto cargo hubiera participado".

"Los altos cargos deberán presentar una declaración de actividades y otra de bienes y derechos al inicio y al final de su incorporación al cargo" y la Ley "impulsa, fortalece y da extraordinarios instrumentos de control a la oficina de conflictos de intereses a cuyo director se vincula, desde el momento de su nombramiento, con el control parlamentario", aseveró.

Igualmente, la Ley prohíbe a los altos cargos la participación superior al 10% en sociedades que tengan cualquier tipo de vínculo con la Administración y las "puertas giratorias" durante un periodo de dos años.

Por todo ello, Gómez de la Serna consideró "profundamente injusto" que la izquierda del arco parlamentario no valore este esfuerzo del Gobierno y no quiera apoyar la norma. Agradeció, por otra parte, el apoyo a la misma de PNV, CiU y Coalición Canaria.

Enmiendas de "imposible aceptación"
Respecto a las enmiendas presentadas, el portavoz popular señaló que un primer bloque "no tienen nada que ver con el contenido de la ley y no tenían sentido incorporarlas a la ley sin riesgo de desdibujar el Estatuto del Alto Cargo", por lo que son de "imposible aceptación".

También se refirió a "otro bloque de enmiendas que técnicamente eran muy difíciles de aceptar, como por ejemplo, quien pedía la prohibición de las tarjetas black, cuando estas tarjetas no existen en la Administración General del Estado y además la Ley contiene una prohibición general de todo tipo de tarjetas de crédito". Según dijo, "son enmiendas poco pensadas, poco trabajadas, que quieren tener un impacto efectista en la opinión pública más que una intención de mejora y profundización de la Ley".

Gómez de la Serna aseguró que "los temas comprometidos con el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación están comprometidos" y "si no están en el Proyecto de Ley es porque no tenían que estar por razón de su naturaleza". Así, advirtió a la oposición que sus excusas para no apoyar la norma "son excusas de mal pactador", pues "venían con la intención de no pactar este Estatuto y han presentado unas enmiendas de imposible aceptación".

Por último, el dirigente del PP instó a que todas las administraciones públicas en las que los grupos de la oposición gobiernen, "incorporen normas que siquiera se puedan aproximar al contenido de este Proyecto de Ley".