4 millones de españoles reclaman a los poderes más vigor y más decisión para hacer frente a múltiples barreras y dificultades que todavían obstaculizan su plena participación en todo aquello que interesa a nuestra sociedad.
Queda atrás, muy atrás, el objetivo de la integración y exigen con razón una igualdad de oportunidades que hoy no tienen.
Todavía es necesario insistir en la plenitud de sus derechos civiles. Todavía queda mucho terreno por recorrer para que la Convención Internacional, aprobada recientemente por Naciones Unidas, sea una realidad tangible en las instituciones y en la calle.
Esa Convención, que está vigente en España, no ha alcanzado el nivel de aplicación aceptable. La imagen de las personas con discapacidad en algunos medios de comunicación, la accesibilidad a las nuevas tecnologías y a los edificios públicos, la educación que mantiene las puertas cerradas en los niveles medios y superiores, la precariedad del empleo, las dificultades añadidas que viven las mujeres con discapacidad y los mayores que no pueden valerse por sí mismos son eslabones de la cadena que es preciso cortar porque cercenan su libertad, porque limitan sus derechos, porque generan su exclusión social y les colocan en no pocas ocasiones en el umbral de la pobreza.
Hay una agenda social pendiente con la discapacidad, que las dificultades de la crisis no pueden ni deben ocultar o posponer porque la discapacidad no debería colocar, en ninguna circunstancia, a estas personas en una posición de marginalidad, discriminación o de mayor vulnerabilidad.
La Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, que impulsó e hizo posible en 2003 el gobierno del Partido Popular, tiene las herramientas jurídicas necesarias para erradicar estos riesgos, pero necesita que el Gobierno Socialista la aplique sin pereza ni excusas. Es su obligación hacerla efectiva.
Los escasos recursos de la Ley de Dependencia; la ausencia de un plan de empleo potente, como el que acordó el Gobierno del PP, la improvisación en decisiones que afectan al día a día de quienes padecen discapacidad, como la falta de adaptación de la TDT; la ausencia de medidas de prevención y de detección precoz de la discapacidad en niños; o la carencia de políticas que abran con plenitud el camino a legítimas aspiraciones son motivos más que suficientes para comprometernos con el sector de la discapacidad y para reclamar a los poderes públicos y a los agentes sociales solidaridad y decisiones ambiciosas, capaces de transformar las desigualdades en diversidad y la diversidad en más y mejores oportunidades.
Ana Mato Adrover
Vicesecretaria General de Organización y Electoral del PP
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