Destacamos el liderazgo de España en la lucha contra la planificación fiscal agresiva de las multinacionales

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Matilde Asian, ha destacado este viernes que España se encuentra a la cabeza en la lucha contra la planificación fiscal agresiva de las multinacionales y que “el compromiso” de nuestro país en esta lucha es firme, como prueba la firma del Acuerdo Multinacional para el Intercambio de Información país por país -suscrito el pasado mes de enero en París y auspiciado por la OCDE-, y que viene a suponer “un paso relevante en la transparencia de la información tributaria a nivel internacional”.

Así se ha expresado en respuesta a las palabras del socialista Pedro Saura. Según ha explicado Asian, este acuerdo está encuadrado en el Plan de Acción BEPS, que va en la línea de la normativa puesta en marcha por la Comisión Europea, y que “implica que las multinacionales están obligadas a presentar anualmente un informe, país por país, con información desagregada de los impuestos que pagan en todos los Estados en donde tienen actividad”.

“EL GOBIERNO SE ADELANTA A LAS RECOMENDACIONES DE LA OCDE”

En el caso concreto de España, la portavoz adjunta popular ha subrayado que “el Gobierno se ha adelantado a las recomendaciones realizadas por la OCDE y a las previsiones de la CE, al incluir recientemente esta disposición en su normativa interna, concretamente en el nuevo Reglamento del Impuesto sobre Sociedades que desarrolla la reforma fiscal, y donde se estipula que las multinacionales residentes en España con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros, y que tengan la condición de dominantes en un grupo, estarán obligadas a suministrar información a la Agencia Tributaria de los impuestos que pagan país por país”. 

De igual manera, estarán obligadas a suministrar dicha información “las filiales de empresas que residan en un territorio con el que no exista acuerdo de intercambio automático de información”.

Asian ha destacado que con el acuerdo multilateral suscrito por nuestro país en París “se amplifican los efectos de la normativa española”, al tiempo que ha recordado que España ya participa en otras iniciativas internacionales -OCDE, G-20 y Comisión Europea-, como el acuerdo para establecer un intercambio de información tributaria que sea “automático” y “estandarizado”, a partir de 2017.

De esta manera, ha detallado, “España podrá obtener información desagregada de los impuestos que pagan las multinacionales cuya matriz se encuentra afincada en los Estados que han firmado el acuerdo, sin necesidad de suscribir pactos bilaterales con cada uno de ellos”. “El objetivo -ha añadido-, es tener un conocimiento lo más amplio posible para evitar prácticas de planificación fiscal agresiva que permitan la nula o escasa tributación, aprovechando la diversidad tributaria internacional”. 

SE MEJORA LA EFICACIA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

A todos estos pasos dados por el Gobierno de Mariano Rajoy en materia de fiscalidad internacional, se añade la potenciación que nuestro país ha hecho en los últimos años de la labor inspectora de los grandes grupos multinacionales, a través de la creación de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), a fin de mejorar la coordinación internacional en la lucha contra el fraude. 

Solo en el año 2015, dos años después de su creación, “la ONFI ha participado en 119 comprobaciones inspectoras, de las cuales se han finalizado 63, que han supuesto ajustes, en base imponible, estimados en más de 1.300 millones de euros en relación con actuaciones presenciales, a los que cabe sumar más de 1.200 millones en actuaciones donde la participación fundamental de la Oficina es de carácter documental (emisión de informes y otros documentos de utilidad para los funcionarios que lleven a cabo la actuación principal)”.

“Las propias empresas reconocen las constantes labores inspectoras de la AEAT en los informes que remiten al Registro Mercantil”, a lo que hay que añadir recientes fallos judiciales en donde se da la razón a la administración tributaria sobre los criterios de tributación de  empresas filiales residentes en España respecto a su matriz situada en otro país. Como ejemplo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo, en donde se obliga a la tecnológica DELL a aplicar el criterio de la Agencia Tributaria sobre las ventas realizadas en España entre 2000 y 2003, y no desviar los beneficios a Irlanda.