El Decreto de medidas para el sistema gasista cumple con la Ley de responsabilidad civil nuclear de 2011

El portavoz de Industria del Grupo Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, afirmó hoy que el Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares "dará cumplimiento a la ley de responsabilidad civil nuclear del año 2011".

En este sentido, Mariscal explicó que "los titulares de las centrales rendirán cuentas y tendrán como objeto social ser gestores de las centrales". "Esto —subrayó— es vital para nuestro sistema eléctrico, puesto que proporciona siete mil megavatios en base, veinticuatro horas, siete días a la semana, a un precio competitivo y que posibilita la entrada de la energía renovable y del resto del mix energético en nuestro país".

En cuanto al almacenamiento subterráneo de gas natural, consideró "razonable" que un Gobierno pretenda aumentar la capacidad de almacenamiento de gas natural de un país. Así, indicó que "eso es bueno porque esto posibilitará que, gracias al mismo, contemos con diecisiete días adicionales de abastecimiento de gas, y que en situaciones de riesgo o desabastecimiento podamos hacer frente a la demanda necesaria para atender nuestros ciclos combinados".

El portavoz del PP aseguró que "lo que no es razonable es la redacción del Real Decreto 855 del 2008, que en absoluto defiende el interés general, que es el fin último de un legislador".

Mariscal recordó que lo que aprobaba ese Decreto era que se indemnizaba a la empresa adjudicataria si había una caducidad o extinción, incluso si esto era producido por negligencia de la compañía concesionaria; además, el informe de impacto ambiental no exigía en ningún caso evaluar el potencial sísmico del emplazamiento y ni siquiera se hizo un mapa cartográfico de la falla.

Desajuste e irresponsabilidad
El diputado del PP afirmó entonces que lo que se encuentra el Gobierno de Rajoy con ese Decreto de 2008 "es un desajuste y una irresponsabilidad a la que hay que hacer frente con urgencia".

Así, indicó que "el Gobierno, tras haber constatado como el Instituto Geológico Minero encontró una relación directa entre los sismos y el almacenamiento, es por lo que declara con este Decreto la hibernación de la instalación y la extinción de la concesión, es decir, se paraliza y ya ni se puede inyectar ni extraer gas".

Además, explicó que "se traslada a Enagás Transporte el cometido y por tal motivo, va a estar obligada al mantenimiento de la operación y a elaborar los informes técnicos que garanticen la seguridad de las personas, de los bienes y del Medio Ambiente".

También destacó Mariscal que el Real Decreto contempla "el reconocimiento a las inversiones a concesionarios". "El Gobierno tiene que cumplir y cuando cumple minimiza los costes que ese Real Decreto tenía para el sistema", afirmó el diputado popular, quien señaló que "no se va a pagar vía PGE, se va a trasladar al sistema gasista, no en 20 años sino en 30, con unos costes y con unas retribuciones a la inversión del 4,2% frente a más del 8% inicial y que se empezará a pagar a partir de abril de 2016".

"Este Decreto contempla, asimismo, que la efectiva renuncia no implica la extinción de la responsabilidad que la sociedad titular y sus accionistas deben afrontar por su gestión o el proyecto, tanto acciones como omisiones, y que serán exigidas cuando se tengan suficientes elementos de juicio", aseguró.

Ley de Evaluación Medioambiental
Guillermo Mariscal también recordó que "el Gobierno de Rajoy ha impulsado la incorporación de una enmienda al texto original de la Ley de Evaluación Ambiental para que esto no vuelva a ocurrir nunca, porque establece que, a partir de ahora, todos los estudios de impacto ambiental deberán contener los estudios de peligrosidad sísmica".

Asimismo, señaló que "la situación a la que hemos dado solución tiene que ver con el sobrecoste propiciada por una planificación gasista inadecuada que en su día aprobó el Gobierno socialista".

El portavoz de Industria del PP advirtió que "el Gobierno permanentemente se encuentra en la necesidad de hacer frente a los desajustes previos y que día a día se han ido encontrando en la responsabilidad de Gobierno, en este caso en materia de energía, como ocurrió con el déficit tarifario".

"Nos encontramos ante una dicotomía permanente entre gobiernos que gastan, que malgastan y gobiernos que pagan o que tienen que pagar", dijo Mariscal, quien añadió que se trata de "un dislate absoluto en el que unos propician medidas que generan inseguridad jurídica, inseguridad sobre las personas, los bienes y el medio ambiente y otros que con urgencia y responsabilidad tenemos que hacer frente a ello".

Por último, concluyó que "la política es cuestión de futuro, no de pasado, de generar espacios para el crecimiento de la prosperidad y esto tiene unas premisas básicas que cualquier Grupo Parlamentario responsable debe siempre interiorizar, tener certidumbre en la acción, previsibilidad, credibilidad, seguridad jurídica y reputación para que los bienes, el medio ambiente y las personas no tengan que padecer los costes que de estas circunstancias se derivan".