El Decreto-Ley 17/2014 ayuda a los ciudadanos a recibir los mejores servicios públicos en igualdad de condiciones y con independencia de su lugar de residencia

El portavoz de Administraciones Públicas del Grupo Popular, Juan José Matarí, destacó que el Real Decreto-Ley 17/2014 "ayuda efectivamente a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales, pero sobre todo ayuda a los ciudadanos para que puedan seguir recibiendo los mejores servicios públicos y además garantizar que lo hacen en igualdad de condiciones con independencia de su lugar de residencia".

Durante el debate de convalidación de dicho Real Decreto-Ley, Matarí subrayó el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy con las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y la sostenibilidad de los servicios públicos.

Para el portavoz popular, este Real Decreto-Ley confirma "el compromiso del Gobierno del Partido Popular con la sostenibilidad de las cuentas públicas, el buen funcionamiento del Estado de las Autonomías, la gestión eficiente de las Administraciones Públicas y, de modo muy especial y prioritario, es la expresión inequívoca del compromiso con la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales, a los que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales destinan la mayor parte de su presupuesto".

En este sentido, explicó que "desde el comienzo de la Legislatura el Gobierno, y particularmente el Ministerio de Hacienda, ha sido muy claro y exigente, sí, pero ante todo muy leal con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales".

Por ello, al mismo tiempo que se exigía compromiso con la estabilidad presupuestaria y los objetivos de déficit, "se ponían en marcha importantes, y hoy ya podemos decir, eficaces medidas para garantizar la liquidez y la sostenibilidad de las Administraciones Territoriales".

"En el camino que va de la recesión al crecimiento, de la destrucción a la creación de empleo, que es el camino que ha recorrido España en estos tres años de Gobierno del Presidente Rajoy, tienen mucho que ver, en primer lugar, por supuesto, los españoles, que han hecho grandes sacrificios y muchos esfuerzos. Y en segundo término, el comportamiento responsable de la mayoría de las Administraciones Públicas que han logrado significativos avances en la reducción del déficit y en la reducción del sector público", afirmó Matarí.

La prueba está en los datos registrados en estos años, indicó. 20.000 millones de euros de reducción de déficit de las CCAA; 5.000 millones más de superávit en las EELL; 180.000 millones de ahorro gracias a las medidas de reforma de la Administración y 1.700 millones de ahorro para ciudadanos y empresas por las menores cargas burocráticas. "Todo este proceso de saneamiento se está haciendo bajo una serie de principios que el Gobierno, gracias al apoyo del Grupo Popular, ha convertido en Leyes", explicó.

"Hablo de principios muy elementales", continuó, "pero que no se practicaban con los gobiernos socialistas, como no gastar más de lo que se ingresa (Ley de Estabilidad Presupuestaria); pagar lo que se debe en tiempo y forma (Ley de Control de la Deuda Comercial, Ley de la Factura Electrónica); clarificación competencial, eliminación de duplicidades y reducción del Sector Público (Reforma Local y Reforma Administrativa); máxima transparencia al servicio de los ciudadanos (Ley de Transparencia) y garantía de sostenibilidad financiera en la prestación de los servicios públicos esenciales (Mecanismos de financiación y liquidez)".

Y ha sido bajo estos principios sobre los que "se ha impulsado la consolidación fiscal y se ha ofrecido financiación a las Entidades Territoriales para garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales a través de diversos mecanismos extraordinarios de liquidez, como el que hoy estamos aprobando".

Mecanismos de liquidez
Así, Matarí recordó el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores que, aunque no contó con el apoyo del Partido Socialista que lo criticó, "las CCAA donde gobierna el PSOE y los Ayuntamientos con Alcaldes socialistas, bien que las han aprovechado, lógicamente". Andalucía por ejemplo, ha recibido entre 2012 y 2014, 20.750 millones de liquidez y se ha ahorrado con las medidas del Gobierno 922 millones de euros.

El segundo gran mecanismo puesto en marcha por el Gobierno es el Fondo de Liquidez Autonómico, con el que el Gobierno "quiere garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales a los ciudadanos en igualdad de condiciones, independientemente de su lugar de residencia y también de la irresponsabilidad y del ensoñamiento de algún dirigente autonómico".

"Y es que mientras algunos se dedican a dividir y a plantear quimeras que no tienen encaje constitucional, el Gobierno de España se dedica a garantizar que se sigan prestando los servicios públicos fundamentales de los ciudadanos", aseguró.

En tercer lugar, junto a estos dos fondos, se han ido adoptando medidas extraordinarias de liquidez que han mejorado la situación financiera de las Administraciones Públicas. "Es lo que pasa con este Real Decreto Ley que hoy convalidamos por el que el Gobierno traslada a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, las mejoras de la situación financiera del Estado, que ha sido posible por la política económica y las reformas estructurales aprobadas estos tres años, reformas que han permitido recuperar la credibilidad de España y la confianza en España", manifestó.

Por ello, "en un momento de tipos de interés históricamente reducidos, el Estado asume de forma temporal la financiación de todas las Administraciones Territoriales, con un ahorro considerable para todas ellas y para el conjunto del Estado", que supondrá unos ahorros acumulados muy importantes, de 5.800 millones para las CCAA y 1.620 para las EELL, 7.432 millones de euros en total.

"Para algunos, las CCAA y EELL eran o son un problema; para nosotros nunca lo han sido", destacó Matarí. Y es por eso que el Gobierno del Partido Popular pone a su disposición "este conjunto de mecanismos de financiación y liquidez para impulsar el crecimiento y garantizar la prestación de los servicios públicos fundamentales", concluyó.