La Organización Mundial de la Salud declaró el 6 de febrero Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. La mutilación genital femenina es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos y es un reflejo de la desigualdad entre mujeres y hombres. Asimismo, viola los derechos la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho a no ser sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte. Esta práctica afecta, según la Organización Mundial de la Salud, a unos 40 millones de niñas y mujeres en todo el mundo.
El Parlamento Europeo, en su Resolución del año 2014, señala que las instituciones internacionales, europeas y los Estados miembros desempeñan un papel de primer orden en la prevención de la mutilación genital femenina, la protección de las mujeres y niñas y la identificación de las víctimas.
En nuestro país, la práctica de la mutilación genital femenina está prohibida y perseguida desde el punto de vista penal. Así, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en vigor desde el 1 de julio de 2015, introdujo una circunstancia agravante por razón de género que podrá resultar de aplicación al delito de mutilación genital femenina, sancionado en el artículo 149.2 del Código Penal, lo que implica un mayor rigor de la sanción penal y una mejora de la protección penal de mujeres y niñas.
Por su parte, el 28 de julio de 2015 se promulgó bajo el mandato del gobierno del Partido Popular, la Ley 26/2015, de protección a la Infancia, en cuyo artículo 11 se incluye, dentro de los principios rectores de la actuación administrativa, la protección de los menores contra cualquier forma de violencia, incluida la mutilación genital femenina. Al amparo de este artículo, los poderes públicos desarrollarán actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de maltrato infantil, estableciendo los procedimientos que aseguren la coordinación entre las Administraciones Públicas competentes.
Por todo ello y ante la persistencia de esta dura realidad, desde el PARTIDO POPULAR queremos: