La secretaria general del PP dice que el Gobierno presta más atención a “proteger a Puigdemont” en Bruselas que a defender a los agricultores y ganaderos españoles. “En el PP sí les escuchamos y nos reunimos con ellos en todas las partes donde gobernamos porque les apoyamos y no les dejamos solos”, subraya.
El PP presentó esta semana en el Congreso una PNL con una batería de medidas de “ejecución inmediata” para combatir la crisis agraria, lo que supone, según Cuca Gamarra, “pasar de las palabras a los hechos”.
“Vamos a poner en marcha políticas para garantizar el futuro del campo como la reducción de impuestos, medidas fiscales, reformas legislativas, nuestro compromiso de flexibilizar la PAC y cambiar esas normas medioambientales que dejan al campo sin presente y sin futuro”, explica.
Muestra su apoyo a las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos españoles, ya que “por unos pocos no se puede demonizar, como hace el Gobierno”, el carácter pacífico de miles de personas que participan en las manifestaciones. “Sus reivindicaciones son justas. Sólo quieren vivir de su trabajo y alimentarnos con él”, subraya.
Señala que en España se agudizan las dificultades del sector respecto a Europa porque se aplican medidas que ahogan el futuro e imposibilitan el relevo generacional: “Este Gobierno sube impuesto, incrementa costes e insulta a los agricultores y ganaderos”, argumenta.
Considera al sector primario “estratégico”, y por ello el PP presenta esta iniciativa en el Congreso “que supone un paso más de su compromiso con el campo.”
El plan de choque, consensuado con los consejeros autonómicos donde gobierna el PP, aboga por una flexibilización de la PAC y la reducción de la carga burocrática que “lastra y paraliza” la competitividad y las rentas de los agricultores y ganaderos españoles.
Pide mantener el tejido agrario y su rentabilidad para garantizar la producción de alimentos en España “y no incrementar nuestra dependencia de terceros países”, y solicita la ejecución de acciones de refuerzo de la “marca España” de los productos agroalimentarios españoles poniendo en valor su calidad, su seguridad y su alto nivel de competitividad.
Por último, exige la revisión de aquellas medidas que supongan una asfixia para la competitividad como la implantación de impuestos y el análisis del impacto de las nuevas normativas.