Los consejeros de Energía del PP pidieron hoy a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que se cumpla la decisión aprobada ayer en el Congreso de alargar la vida útil de las centrales nucleares y no cerrarlas de forma escalonada antes de 2035, como estaba previsto
Los consejeros expusieron en la Conferencia Sectorial de Energía que “no hay razones objetivas” que justifiquen la clausura de las centrales nucleares existentes en España ya que son seguras y su producción eléctrica es fundamental para el país
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, considera que detrás del cierre de las centrales “sólo hay ideología” y critica que la exministra Ribera haya planificado la eliminación de esta energía en España mientras defiende la nuclear en otros países europeos para “garantizarse su puesto” de vicepresidenta de la Comisión Europea.
El PP aboga por prolongar la vida útil de las centrales nucleares ya que es un tipo de energía fundamental al ser barata, ofrecer seguridad en el suministro y limpia, ya que no emite gases de efecto invernadero.
Martín explica que las centrales nucleares aportan en la actualidad más del 20% de la electricidad que se genera en España y si se cerraran habría que sustituir ese porcentaje por otras fuentes como el gas, que es contaminante y ausente en España y en Europa
Advierte de que el cierre de las centrales nucleares supondría un incremento del precio medio de la electricidad, el aumento de las emisiones y mayores importaciones de gas natural ya que esta energía no puede sustituirse por completo con energías renovables
Recuerda que el cierre de la nuclear se planteó junto a un plan de inversiones en almacenamiento de energía y renovables que se ha incumplido: “El PNIEC es papel mojado. El despliegue de almacenamiento de energía es un fracaso absoluto y la eólica no alcanza ni de lejos los objetivos previstos”
Subraya que, por ejemplo, el cierre de la central de Almaraz tendría unas consecuencias socioeconómicas “terribles”, ya que da trabajo a más de 4.000 personas: “Su clausura supondría una caída del 36 % de la población activa y del 60 % de los ingresos de los municipios de la zona de influencia”
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