La solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas ha estado motivada por la realidad existente en lo que a violencia en la infancia se refiere.
La violencia contra los niños y las niñas es una violación grave de los Derechos Humanos que requiere una respuesta urgente y decidida por parte de los poderes públicos en España.
Naciones Unidas define la violencia contra los niños y las niñas como «toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o abuso sexual». Es decir, toda acción u omisión que afecte de manera dañina al normal desarrollo de ellos y a su bienestar físico y psicológico.
La violencia contra la infancia puede adoptar múltiples y cambiantes formas. Puede ser ejercida por los adultos o por los otros niños, en el seno de la familia, en la escuela, en la comunidad o en los centros o instituciones encargados de la protección de los menores de edad, así como en ámbito judicial o incluso por parte de los medios de comunicación y a través de las tecnologías de la información.
La violencia contra la infancia nunca es justificable
Nunca es justificable atacar a un menor. Las consecuencias para las víctimas de esta violencia conllevan numerosos efectos negativos para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Las experiencias vividas durante la etapa de la niñez son fundamentales para el desarrollo saludable y el proceso de maduración del individuo.
La Ley Orgánica 1/1996 define el marco jurídico de intervención de las autoridades públicas sólo ante algunas situaciones de violencia que pueden afectar a los menores de edad en todo el Estado. Esta ley solo contempla medidas para intervenir ante la desprotección del menor de edad en situaciones de riesgo o desamparo, para las que establece una serie de actuaciones de protección que, por un lado, no siempre son adecuadas o suficientes y, por otro, no dan respuesta a todas las formas de violencia contra la infancia reconocidas en la normativa internacional.
Si bien es cierto que se han puesto en marcha importantes políticas, planes y programas (como el PENIA o el RUMI), estas iniciativas responden al enfoque fragmentado con que se aborda el problema, no a un objetivo común formulado a partir de un diagnóstico global del problema de la violencia contra la infancia en España.
Composición y funcionamiento de la Subcomisión
La Subcomisión se compondrá de diez miembros, de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular, dos al Grupo Parlamentario Socialista y uno a cada uno de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.
En el seno de esta subcomisión se adoptarán acuerdos y en el plazo de seis meses, se deberá realizar un estudio sobre la situación de la violencia contra los niños y las niñas en nuestro país, así como extraer y aprobar unas conclusiones que orienten las políticas destinadas a prevenir y abordar este problema.
El mencionado informe, que contendrá las conclusiones finales y recomendaciones, una vez aprobado por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, será publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, junto con los votos particulares que formulen los Grupos Parlamentarios. Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así como las comparecencias que consideren oportunas.
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